LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

TS][Contencioso-Advo] Responsabilidad patrimonial. Los ingresos tributarios de una norma anulada, no prescriben como los ingresos indebidos.








El presente recurso de casación es interpuesto por la representación procesal de Túnel del Cadí S.A. Concesionaria contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 6ª) de la Audiencia Nacional de 28 de noviembre de2005 .
Los antecedentes del asunto son los siguientes. El art. 20 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 3494/1981, gravaba la emisión y amortización de obligaciones. Este precepto reglamentario fue anulado, en cuanto contrario al derecho comunitario europeo, por sentencia de esta Sala de 9 de marzo de 2001 . Dichaanulación debía surtir efectos a partir del 1 de enero de 1986, fecha de la incorporación de España a la Comunidad Europea. Entretanto el citado precepto reglamentario había sido derogado por el Real decreto 828/1995. En este contexto, con fecha 8 de marzo de 2002 , la recurrente presentó reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por las cantidades pagadas a la Hacienda Públicaen concepto de amortización de obligaciones con posterioridad al 1 de enero de 1986, reclamación que fue denegada por resolución del Ministerio de Hacienda de 13 de febrero de 2003.
Disconforme con ello, acudió la recurrente a la vía jurisdiccional, donde la sentencia ahora impugnada estima parcialmente su pretensión. El tribunal a quo , remitiéndose a lo expuesto en su sentencia de 29 de juniode 2004 recaída en un caso similar, entiende que efectivamente los pagos hechos por imperativo de un precepto reglamentario que luego es declarado nulo constituyen una lesión patrimonial antijurídica e imputable a la Administración. No obstante, considera que ese daño queda circunscrito a los pagos hechos en los cuatro años inmediatamente anteriores a la presentación de la reclamación deresponsabilidad patrimonial de la Administración, ya que el plazo de prescripción de los créditos frente a la Hacienda Pública, con arreglo al art. 64 de la Ley General Tributaria vigente en el momento de la reclamación, era precisamente de cuatro años. Ello implica, siempre según el tribunal a quo , que la recurrente ya no tenía la facultad de recuperar los pagos indebidos anteriores a esa fecha y, porconsiguiente, que éstos no constituyen un daño indemnizable. Por lo demás, la sentencia impugnada rechaza igualmente la pretensión, basada en el art. 141.3 LRJ-PAC , de actualización con arreglo al índice de precios al consumo de las cantidades ingresadas a la Hacienda Pública; y ello porque entiende que “la depreciación viene compensada por los intereses legales que han de reconocerse desde lafecha de ingreso de las distintas sumas objeto de indemnización”.

El Supremo estima el recurso.

(Sentencia 21 de septiembre de 2010)




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TEXTO COMPLETO
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Septiembre de dos mil diez.
Visto por la Sala Tercera, Sección Sexta del Tribunal Supremo constituidapor los señores al margen anotados el presente recurso de casación con el número 533/06 que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de TÚNEL DEL CADÍ, S.A., CONCESIONARIA contra sentencia de fecha 8 de noviembre de 2005 dictada en el recurso 269/2003 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Siendo parterecurrida EL ABOGADO DEL ESTADO en la representación que ostenta

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-La sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor: “FALLAMOS.-Que estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Túnel del Cadí S.A., Concesionaria, y en su nombre y representación el Procurador Sr. Dº
Eduardo Codes Feijoo, frente a la Administración...