Liquidación de Luz y Fuerza del Centro

NOTAS LIQUIDACIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

PLAZA PÚBLICA
Indemnizaciones ilegales

Miguel Ángel Granados Chapa
14 Oct. 09

El decreto que dispuso la extinción del organismo público Luz y Fuerza del Centro fijó el día de hoy como inicio del plazo de un mes para que los trabajadores que así lo deseen reciban la indemnización, ésa sí de privilegio, por la pérdida de su empleo. Pero quienla entregue y quien la obtenga incurrirán en una ilegalidad, porque las relaciones de trabajo subsisten y por ello no ha lugar a prestación alguna. Es que las relaciones laborales sólo pueden terminar después de un procedimiento ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que no se ha iniciado o apenas está por comenzar. Y es que el decreto que inicia el procedimiento de liquidación nopuede generar por sí mismo consecuencias laborales.

El artículo cuatro del decreto del 10 de octubre publicado el 11 en el Diario Oficial dispone que "se respetarán los derechos laborales de los trabajadores" de LyF y estipula, como no podría ser de otra manera, que las indemnizaciones se harán conforme al contrato colectivo y la Ley Federal del Trabajo. Este artículo, por cierto, resultóinfringido el domingo por los secretarios de Hacienda y del Trabajo quienes, al margen de esa disposición y sin ningún fundamento legal, gastarán hasta 4 mil millones de pesos en compensaciones adicionales no previstas en el contrato ni en la ley. Ésta, en cambio, fija un procedimiento para la terminación de las relaciones laborales.

Conforme al artículo 434 de dicha norma, son causas de talterminación, entre otras, la fuerza mayor. El propio organismo, al que muchos se apresuran a calificar de ya extinto, cuando está apenas en curso su extinción, podría encaminar el asunto ante la junta laboral, porque "conserva su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, a fin de que se cumplan las obligaciones del organismo frente a terceros", según lo estipula el decretomencionado. Pero en una aplicación que no acata ese texto, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, dijo que es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) el que "debe dar aviso, en su carácter de liquidador... a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien dará vista a las partes de la existencia de esta causa de fuerza mayor para que en un plazo no mayor de quince días hábiles,pero con una antelación de diez días antes (sic) de que se pueda citar a las partes para esta audiencia, pueda escuchar lo que a su derecho corresponda... y con ello la Junta, después de escuchar a las partes en esta audiencia, resuelva entonces en consecuencia la terminación de las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas".

Ha de esperarse entonces a que una autoridad laboral,la Junta Federal, determine que han concluido las relaciones colectivas, únicas a las que se aplica el caso de fuerza mayor. Un laudo de la Junta no puede afectar a los trabajadores de confianza regidos por contratos individuales, que en este caso sólo podrían terminar por la voluntad de las partes en un convenio sometido también a la autoridad laboral.

Las relaciones laborales, individuales ocolectivas, no han terminado, pues. Por lo tanto, no puede comenzar hoy el pago de las indemnizaciones porque éstas sólo procederán cuando la Junta sentencie en tal sentido. Al gobierno, sin embargo, le urge iniciar el debilitamiento del sindicato, restándole miembros en el caso de los trabajadores sujetos al contrato colectivo, y por eso fijó este miércoles como fecha para un procedimiento que nopodrá empezar legalmente sino hasta comienzos de noviembre, cerca del fin del plazo engañosamente fijado por las autoridades.

En esa prisa por minar la presión de los trabajadores, el gobierno está llegando al exceso. De creer en la denuncia formulada por Fernando Amezcua, secretario del exterior del comité central, a los domicilios de algunos trabajadores llegaron ayer cheques con el monto...