Martin

8.8.0.2.61Voces: CUESTION POLITICA ~ CUESTION JUSTICIABLE ~ REVISION JUDICIAL ~ FACULTADES DE LOS JUECES ~ CONSTITUCION NACIONAL ~ ACTO DE GOBIERNO ~ JURISPRUDENCIA ~ JURISPRUDENCIA EXTRANJERA ~ PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES ~ PODER EJECUTIVO ~ PODER LEGISLATIVO ~ CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Título: Sobre la judicialización de las cuestiones políticas
Autor: Cassagne, Juan CarlosPublicado en: LA LEY2006-A, 858
SUMARIO: I. Inaplicabilidad de la concepción de los actos de gobierno en el derecho argentino. - II. Continuación: La discrecionalidad como nota distintiva del acto de gobierno. - III. Superación de la categoría del acto de gobierno: La doctrina del acto institucional. - IV. El control judicial de los actos de ejecución de los actos institucionales. - V. Eldesmantelamiento del acto político en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. - VI. Los intentos para delinear criterios restrictivos en torno al juzgamiento de las cuestiones políticas. Su valoración y crítica. - VII. La configuración del acto constitucional y su control por parte de los jueces.


I. Inaplicabilidad de la concepción de los actos de gobierno en el derechoargentino
La innegable influencia que ejerció la doctrina francesa sobre los publicistas argentinos, particularmente en quienes se enrolaron en el derecho administrativo (ya que los constitucionalistas han preferido referirse, en tales casos, a las "cuestiones políticas") hizo que se pretendiera transplantar la tesis gala a nuestro ordenamiento jurídico, sin reparar en que ella responde a unaparticular raíz histórico-política como tampoco en que se ha desarrollado en un sistema jurídico-institucional diferente.
Las razones que llevaron en Francia al Consejo de Estado a restringir sus funciones en aras de su supervivencia no tienen asidero en un sistema como el nuestro, donde el contralor jurisdiccional de la actividad de los órganos legislativo y ejecutivo se halla encomendado, porprincipio constitucional, a un órgano separado e independiente: el órgano judicial.
En nuestro ordenamiento, por aplicación de tal principio (por regla general) todo acto que afecte derechos subjetivos de los administrados se encuentra sometido al contralor de los órganos judiciales.
De manera que muchos de los actos que la doctrina consideraba en general como actos de gobierno (v.g. expulsión yprohibición de entrada a extranjeros, celebración de tratados internacionales, indulto, actos de política dictados en el transcurso de una guerra nacional contra extranjeros) (1) no escapan al contralor judicial, en cuanto afecten los derechos subjetivos de los administrados.
Por ello, la característica de no ser un acto justiciable que la doctrina adjudicaba a un sector de los denominados actos degobierno no puede ser admitida en nuestro ordenamiento constitucional, en cuanto se halla en pugna con los principios que fluyen de los arts. 108, 109 y 116 CN, entre otros, aparte de las dificultades que existen (o bien, la imposibilidad) en el plano de la teoría jurídica, para escindir el concepto de acto de gobierno del de acto administrativo, en base a la naturaleza intrínseca del mismo.
Enrealidad, los actos que tienen efectos directos respecto de terceros (2) traducen el ejercicio de la función administrativa en sentido material, siendo, en principio, justiciables, por cuya causa, y en mérito a que carecen de un régimen jurídico peculiar, no se justifica otra categorización jurídica que la de los actos administrativos.
Con tales alcances, la concepción de los actos de gobierno notiene vigencia en nuestro sistema jurídico, imponiéndose su supresión, ya que los supuestos mentados traducen siempre una actividad administrativa controlable en sede judicial.
II. Continuación: La discrecionalidad como nota distintiva del acto de gobierno
Tampoco resulta conveniente el criterio de quienes encuentran el fundamento de la distinción en el carácter discrecional que tendrían...