Masacre de pueblo bello

CASO DE LA MASACRE DE PUEBLO BELLO
VS. COLOMBIA
SENTENCIA DE 31 DE ENERO DE 2006
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1. El 23 de marzo de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y
61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte
una demanda contra el Estado de Colombia (enadelante “el Estado” o “Colombia”), la cual se originó en las denuncias números 10.566 y 11.748, recibidas en la Secretaría de la Comisión el 12 de febrero de 1990 y el 5 de mayo de 1997, respectivamente.

2. La Comisión presentó la demanda con el objeto de que la Corte decidiera siel Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5
(Derecho a la IntegridadPersonal), 7 (Derecho a la Libertad Personal) y 19
(Derechos del Niño) en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1
(Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de las presuntasvíctimas de la alegada masacre perpetrada en la población de Pueblo Bello, indicadas en la demanda. Además, la Comisión solicitó al Tribunal que decidiera si el Estado violó los artículos8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del referido tratado, en perjuicio de las presuntas víctimas de la supuesta masacre y sus familiares.
En su demanda, la Comisión alegó que “[l]a desaparición forzada de 37 [personas,] así como la ejecución extrajudicial de seis campesinos de lapoblación de Pueblo Bello en enero de 1990 se inscribe como un […] acto de justicia privada a manos de los grupos paramilitares entonces liderados por Fidel Castaño en el Departamento de Córdoba, perpetrado con la aquiescencia de agentes del Estado. Por su magnitud y por el [supuesto] temor que sembró en la población civil, este episodio determinó la consolidación del control paramilitar en esa zonadel país e ilustra las consecuencias de las [supuestas] omisiones, actos de aquiescencia y colaboración de agentes del Estado con grupos paramilitares en Colombia, así como su impunidad. Transcurridos casi quince años de la desaparición de las víctimas por acción de múltiples actores civiles y estatales, los tribunales internos han esclarecido el destino de seis de los desaparecidos y solamentediez de los aproximadamente 60 particulares involucrados han sido juzgados y condenados –sólo tres de los cuales se encuentran privados de la libertad— con lo cual el Estado aún no ha cumplido en forma integral con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y recobrar los cuerpos del resto de las [presuntas] víctimas.”
3. Además, la Comisión solicitó ala Corte Interamericana que, de conformidad
con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas
medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que
ordene al Estado el reintegro de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de losDerechos Humanos.

PRUEBA
a) Eliécer Manuel Meza Acosta, padre de Juan Bautista Meza Salgado
El señor Eliécer Manuel Meza Acosta manifestó que el día de los hechos salía del
culto en el cual participaba con su familia cuando se presentaron personas armadas quienes dijeron ser paramilitares. Ellos iban escogiendo a las personas del pueblo que se iban a llevar, entre los cuales estaba Juan BautistaMeza Salgado, hijo del testigo, quien tenía 22 años y era agricultor.

Al día siguiente, los familiares de los supuestos desaparecidos fueron a San Pedro,
donde había una base militar, pero el comandante de dicha base manifestó que “no sabía nada”. El testigo manifestó que “las personas de San Pedro escucharon que los que estaban en el camión estaban llorando y gritando”.
El testigo expresó...