nueva era en la politica

454-2003
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez
horas y treinta cuatro minutos del día diez de septiembre de dos mil tres.
A sus antecedentes el escrito firmado el abogado Carlos Antonio Elías Berríos, en
su carácter de apoderado general judicial del señor Santos Ferdinando Benítez, por medio
del cual cumple la prevención formulada a folios 3.Vistos y analizados los escritos de demanda y de cumplimiento de prevención
firmados por el abogado Elías Berríos en el carácter antes indicado, en contra de la
actuación atribuida al Juez Primero de Instrucción de San Miguel, esta Sala estima
pertinente hacer las siguientes consideraciones:
I. El acto concreto y definitivo contra el que reclama la parte actora es la resolución
proveída por elJuez Primero de Instrucción de San Miguel, en la que ordena el desalojo de
las personas que habitan el inmueble cuya propiedad se atribuye el señor Santos Ferdinando
Benítez, presuntamente sin haber precedido un proceso reivindicatorio o posesorio en su
contra, por lo que estima que tal actuación vulnera sus derechos constitucionales de
propiedad, posesión e igualdad, con inobservancia de suderecho de audiencia.
Sobre lo anterior, menciona el pretensor que al enterase del acto que cuestiona se apersonó
al Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel, donde fue informado que su inmueble
había sido adjudicado en pago al señor Carlos de Jesús Rodríguez Sandoval, en las
diligencias de cumplimiento de sentencia penal recaída en contra del señor Miguel
Adalberto Díaz Alvarenga –personaque le vendió dicho bien-; circunstancia por la que se
habría ordenado el citado desalojo.
No obstante lo apuntado en el párrafo precedente, el peticionario afirma que el día
veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis adquirió el inmueble marcado con
el número once del polígono "K" de la Urbanización Ciudad Real de San Miguel, y que la
escritura en la que consta la compraventa delmismo se encuentra únicamente presentada en
el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Oriente, pero que a
la fecha aún no ha sido inscrita.
Por otra parte, el incoante considera que el decreto de embargo que recae sobre su inmueble
adolece de algunas omisiones y que existe nulidad en el proceso que cuestiona; asimismo,
aduce que los peritos valuadores del citadobien cometieron delito de falso testimonio;
además, agrega que el funcionario demandado omitió ordenar la actualización del
mencionado valúo.
II. Delimitados los elementos fácticos de la pretensión de amparo incoada, a efecto
de resolver adecuadamente el caso en estudio, es preciso hacer algunas observaciones sobre
los requisitos de procedencia de la demanda de amparo, referida a latitularidad de los
derechos alegados como fundamento jurídico de la pretensión y a la competencia material
de esta Sala.

1. Así, el artículo 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales establece que la
parte actora debe autoatribuirse la titularidad de una categoría jurídica protegible
constitucionalmente, que considere violada u obstaculizada por el acto u omisión de la
autoridad contra laque reclama.
Sobre lo anterior, cabe decir que en principio no se exige la comprobación objetiva
de la titularidad del derecho que invoca la parte demandante, sino sólo la autoatribución de
la misma como elemento integrante de su esfera jurídica particular. Sin embargo, existen
casos en que a partir del examen liminar de la queja planteada, considerando los elementos
de convicción aportados, esposible establecer desde el inicio del proceso la falta de
titularidad del derecho cuya transgresión invoca la parte quejosa, no obstante su
autoatribución personal; lo que se erige en un óbice para entrar al conocimiento del fondo
del reclamo planteado.
En efecto, este Tribunal no puede entrar a conocer si existe o no violación a un
derecho constitucional cuando el supuesto agraviado no...