procedimiento sancionador
Páginas: 31 (7702 palabras)
Publicado: 28 de abril de 2013
I EL IMPUTADO COMO ÚNICO POSIBLE INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Las profundas transformaciones impuestas por la proclamación constitucional de la tutela judicial efectiva de los derechos y de los intereses legítimos no han incidido únicamente, por lo que al Derecho Administrativo se refiere, en el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa y en la posición de las partesen el proceso sino también en los recursos administrativos previos así como en el procedimiento de gestión. Sin embargo, completamente al margen parecen haber quedado algunas ideas sin que se presenten en todo caso con claridad las causas justificativas de su pervivencia ni su adecuación a los nuevos principios de nuestro ordenamiento.
La tutela Administrativa consiste en la protección que laAdministración Pública brinda a los individuos a través del autocontrol de sus propios actos a través de la fiscalización por medio de sus órganos administrativos jerárquicos. La cristalización de esta tutela se la ejerce de dos maneras:
1.- De oficio, esto es, por la misma Administración; y,
2.- A petición de parte, mediante el empleo de los recursos administrativos
La aplicación deestos recursos, dentro del marco de impugnación de los actos y resoluciones ilegales, incide en la defensa que realiza el administrado en la esfera administrativa. Pues tal defensa, a través de los recursos administrativos, constituye pues la materia del procedimiento administrativo.
A este procedimiento administrativo no debe confundírselo con el proceso administrativo o proceso contenciosoadministrativo que se refiere al sistema de los actos jurisdiccionales, habida cuenta de que estas dos instituciones pertenecen al Derecho Procesal Administrativo.
El Dr. José Dromi, sostiene que: “El procedimiento administrativo es un instrumento de gobierno y de control. Cumple una noble función republicana: el ejerció del poder por los carriles de la seguridad, la legalidad y la defensa delos derechos por las vías procesales recursivas o reclamativas”.
El administrado que decide interponer una denuncia ante la Administración pública ocupa una posición extremadamente débil frente a la misma, y ello al menos por dos razones. Una estrictamente jurídica, dado el escaso margen de actuación del denunciante; y otra práctica, puesto que la Administración no siempre actúa con ladiligencia debida en relación con las denuncias que recibe.
Los procedimientos sancionadores en España se iniciarán siempre de oficio, si bien esa iniciación puede haber sido provocada por la denuncia interpuesta por un particular, se trata de la persona que pone en conocimiento de la Administración los hechos que pueden ser constitutivos de infracción. Su labor, por consiguiente, comienza y terminacon esa comunicación, de modo que el régimen jurídico español no le permite llegar a ser parte del procedimiento por el solo hecho de haber interpuesto la denuncia. La única posibilidad que tiene el denunciante de ser parte en el procedimiento sancionador es que sea considerado a su vez interesado, pero debe probar su condición de parte interesada, y no por el de denunciante.
II LASSUPUESTAS JUSTIFICACIONES DE LA EXCLUSION DE OTROS INTERESADOS EN LA JURISPRUDENCIA
Los argumentos con que tradicionalmente se ha negado legitimación a cualquier otro sujeto distinto del presunto responsable de la infracción pueden reconducirse esquemáticamente a tres:
1) El denunciante no adquiere por el mero hecho de formular su denuncia la condición de interesado ni legitimación pararecurrir. La idea de que el denunciante no es interesado en el procedimiento administrativo sancionador ni en ningún otro es la predominantemente esgrimida por la jurisprudencia para negar tal condición al perjudicado por la infracción y, consecuentemente, no considerarlo legitimado para recurrir el archivo de las actuaciones, la resolución absolutoria o la que imponga una sanción insuficiente.
No...
Las profundas transformaciones impuestas por la proclamación constitucional de la tutela judicial efectiva de los derechos y de los intereses legítimos no han incidido únicamente, por lo que al Derecho Administrativo se refiere, en el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa y en la posición de las partesen el proceso sino también en los recursos administrativos previos así como en el procedimiento de gestión. Sin embargo, completamente al margen parecen haber quedado algunas ideas sin que se presenten en todo caso con claridad las causas justificativas de su pervivencia ni su adecuación a los nuevos principios de nuestro ordenamiento.
La tutela Administrativa consiste en la protección que laAdministración Pública brinda a los individuos a través del autocontrol de sus propios actos a través de la fiscalización por medio de sus órganos administrativos jerárquicos. La cristalización de esta tutela se la ejerce de dos maneras:
1.- De oficio, esto es, por la misma Administración; y,
2.- A petición de parte, mediante el empleo de los recursos administrativos
La aplicación deestos recursos, dentro del marco de impugnación de los actos y resoluciones ilegales, incide en la defensa que realiza el administrado en la esfera administrativa. Pues tal defensa, a través de los recursos administrativos, constituye pues la materia del procedimiento administrativo.
A este procedimiento administrativo no debe confundírselo con el proceso administrativo o proceso contenciosoadministrativo que se refiere al sistema de los actos jurisdiccionales, habida cuenta de que estas dos instituciones pertenecen al Derecho Procesal Administrativo.
El Dr. José Dromi, sostiene que: “El procedimiento administrativo es un instrumento de gobierno y de control. Cumple una noble función republicana: el ejerció del poder por los carriles de la seguridad, la legalidad y la defensa delos derechos por las vías procesales recursivas o reclamativas”.
El administrado que decide interponer una denuncia ante la Administración pública ocupa una posición extremadamente débil frente a la misma, y ello al menos por dos razones. Una estrictamente jurídica, dado el escaso margen de actuación del denunciante; y otra práctica, puesto que la Administración no siempre actúa con ladiligencia debida en relación con las denuncias que recibe.
Los procedimientos sancionadores en España se iniciarán siempre de oficio, si bien esa iniciación puede haber sido provocada por la denuncia interpuesta por un particular, se trata de la persona que pone en conocimiento de la Administración los hechos que pueden ser constitutivos de infracción. Su labor, por consiguiente, comienza y terminacon esa comunicación, de modo que el régimen jurídico español no le permite llegar a ser parte del procedimiento por el solo hecho de haber interpuesto la denuncia. La única posibilidad que tiene el denunciante de ser parte en el procedimiento sancionador es que sea considerado a su vez interesado, pero debe probar su condición de parte interesada, y no por el de denunciante.
II LASSUPUESTAS JUSTIFICACIONES DE LA EXCLUSION DE OTROS INTERESADOS EN LA JURISPRUDENCIA
Los argumentos con que tradicionalmente se ha negado legitimación a cualquier otro sujeto distinto del presunto responsable de la infracción pueden reconducirse esquemáticamente a tres:
1) El denunciante no adquiere por el mero hecho de formular su denuncia la condición de interesado ni legitimación pararecurrir. La idea de que el denunciante no es interesado en el procedimiento administrativo sancionador ni en ningún otro es la predominantemente esgrimida por la jurisprudencia para negar tal condición al perjudicado por la infracción y, consecuentemente, no considerarlo legitimado para recurrir el archivo de las actuaciones, la resolución absolutoria o la que imponga una sanción insuficiente.
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