Régimen penitenciario y condenados extranjeros

Régimen Penitenciario y Condenados Extranjeros en la Casación Neuquina:
Algunos problemas dogmáticos.

Planteamiento de la cuestión

A instancias de la Defensa Oficial del penado Juan Andrés, Álvarez Rodríguez, de nacionalidad chilena, se solicitó que se haga efectivo el acto administrativo que dispuso la expulsión del país por su situación de irregularidad en la residencia, enlos términos del Art. 64, Inc. a) de la Ley Nacional de Migraciones, 25871.

Esta norma expresamente dispone: “Los actos administrativos de expulsión firmes y consentidos dictados respecto de extranjeros que se encuentren en situación irregular, se ejecutaran en forma inmediata cuando se trata de: a) Extranjeros que se encontraren cumpliendo penas privativas de libertad, cuando se hubierancumplido los supuestos establecidos en los acápites I y II del art. 17 de la ley 24.660…”
El presentante argumentó que su pupilo había cumplido en claustración más de la mitad de la pena y no tenía causa abierta en la que interese su detención ni otra condena pendiente.

Debemos remarcar que el acto administrativo dispuesto por el Director Nacional de Migraciones, dependiente del PoderEjecutivo Nacional, ordenando la inmediata expulsión inmediata del reo, que –como en nuestro caso – tenía cumplida la mitad de la pena privativa de la libertad impuesta, se daba por cumplida la mitad restante.
El tribunal a cargo de la ejecución penal, resultó ser la Cámara Criminal Primera, con asiento en esta ciudad. Los magistrados integrantes de la misma dictaron el auto interlocutorioque declaró inconstitucional dicha manda porque, a su ver, afectaría la garantía de igualdad ante la ley –entre condenados nacionales y extranjeros-, así como la división de poderes. Por lo tanto, dispuso el cumplimiento total de su pena en el territorio nacional.

Intentando revertir esta situación, el Defensor Oficial del imputado, recurrió la sentencia y dedujo recurso de casación,ante el Tribunal Superior de Justicia.
El Cuerpo dictó el Acuerdo N° 23, con fecha 29 de abril de 2009, en autos “Álvarez Rodríguez, Juan Andrés o Moreyra Álvarez, Juan Carlos s/ salidas ley 24660”.
En este trabajo intentaremos analizar los argumentos que las partes expusieron y los considerandos emitidos por el Cimero Tribunal, en torno a los condenados a penas privativas de lalibertad que ven modificada el cumplimiento de la ejecución de la pena por un acto administrativo que ordena su expulsión del país, teniendo como condición necesaria los requisitos exigidos que alude la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871[1].

Expulsión de extranjeros que cumplen penas privativas de la libertad en Argentina.

Recordemos que el caso en análisis, el Defensor Oficial solicitóque se hiciera efectivo el acto de expulsión del país motivada en su irregular situación de residencia en el territorio nacional de su pupilo, de conformidad con el Art. 64, Inc. a) de la Ley 25871, que la Cámara Criminal declaró inconstitucional, y que el tribunal, por mayoría resolviera en sentido contrario.
Los argumentos que se discutieron a lo largo de toda la tramitación de la causa, yque por tanto fueron resueltos en definitiva por el Tribunal Superior local, se refirieron a los siguientes aspectos:

a) Afectación a la División de Poderes

A efectos de analizar la argumentación al respecto, de debemos hacer mención del Principio Republicano de la división de poderes es concebido como la organización del Estado en la que, cada una de sus principales funciones- legislativa, judicial y ejecutiva - debe ser desempeñada por un órgano público distinto e independiente.
Pretende evitar la concentración del poder público en una sola persona o institución y controlar la extralimitación en las funciones mediante controles recíprocos.
A su respecto la Cámara en lo Criminal sostuvo que “(...) el hecho de hacer depender la extinción de la pena...