Rene descartes
Páginas: 151 (37541 palabras)
Publicado: 20 de noviembre de 2010
ESTUDIO INTRODUCTORIO A LAS REFORMAS AL CPP
Alfonso Zambrano Pasquel
Prof. de Derecho Procesal Penal
El porqué de las reformas
Las reformas presentes obedecen a la necesidad histórica de reajustar el sistema procesal penal vigente en Ecuador desde el año 2.000. Para que no se pierda en la memoria del imaginario colectivo recordemos que las propuestas de la implantación del modeloacusatorio tiene su inicio en el año 1992 con la primera comisión redactora conformada por los doctores Walter Guerrero Vivanco como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fabián Guido Flores (+) y Rodrigo Bucheli Mera, catedráticos de la Universidad Central de Quito. Los asesores externos fueron los juristas argentinos Alberto M. Binder y Maximiliano Rusconi. Sin duda la propuesta del cambio deparadigma inquisitivo al acusatorio tiene su simiente en el anteproyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica obra del Catedrático Emérito de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, el Prof. Dr. D. Julio Bernardo José Maier.
Por mala información se ha insinuado que este modelo fue copiado de la legislación norteamericana y habría sido impuesto oficialmente, esto escarente de verdad, pues el modelo acusatorio oral está ya vigente en toda la América hispanoparlante, desde algunas provincias en Argentina, hasta Chile, Venezuela, Paraguay, Perú, Uruguay, Bolivia y Colombia. En Centroamérica se inicia con la legislación en Costa Rica y se irradia a los demás países como Guatemala, Nicaragua, Honduras y el Salvador.
El anteproyecto de 1992 de Ecuador quedórepresado en la legislatura, y para los años 1995 se retomó el anteproyecto de la Corte Suprema por parte de la CLD de Quito que conformó una pequeña comisión integrada por Walter Guerrero Vivanco ex Presidente de la Corte Suprema, Edmundo Durán Díaz (+) ex Fiscal General y Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Guayaquil. El anteproyecto de la CLDfue entregado a la legislatura en 1998 al tiempo de expedirse la nueva Constitución Política, y con algunas observaciones y propuestas de la legislatura se lo expidió en enero del 2000. Posteriormente se produjeron desde la legislatura algunas propuestas de reforma más políticas que técnicas, que fueron recortando algunos beneficios de excarcelación que incidieron en la tramitación de los procesoscomo la supresión de la ley del 2x1 (que era una conquista justa de los internos de las cárceles ecuatorianas), y la llamada detención en firme para limitar la aplicación de la caducidad de la prisión preventiva prevista en la Constitución Política de 1998 en el Art. 24 n. 8, que no hacía otra cosa que reconocer el derecho de todo ciudadano a ser juzgado en un tiempo razonable y prudencial o a serpuesto en libertad, como establecen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 de NN.UU (Art. 9 n. 3) y el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de DD.HH. de 1969 (Art. 7 n. 5), vinculantes para el Estado ecuatoriano.
La consolidación de un Estado de Derecho y el respeto a las garantías del derecho al debido proceso, demandan la implantación de un modeloacusatorio oral en que se cumpla realmente con el principio de oportunidad y de mínima intervención penal, establecidos en el Art. 195 de la Constitución Política del Ecuador del 2008. Desde las propuestas de un derecho penal liberal y democrático, venimos sosteniendo la necesidad de que el sistema penal funcione como un mecanismo de contención del ejercicio abusivo del poder punitivo por partedel Estado y sus agencias de control (E.R. Zaffaroni), que hay que buscar la implantación de un derecho penal mínimo o de última ratio (L. Ferrajoli), o de extrema ratio (J. Bustos), y que hay que evitar que los procesos de criminalización sigan siendo estratificados, selectivos y clasistas (A. Baratta). Se busca en definitiva evitar la criminalización de la pobreza (E. Carranza).
El Ecuador ha...
Alfonso Zambrano Pasquel
Prof. de Derecho Procesal Penal
El porqué de las reformas
Las reformas presentes obedecen a la necesidad histórica de reajustar el sistema procesal penal vigente en Ecuador desde el año 2.000. Para que no se pierda en la memoria del imaginario colectivo recordemos que las propuestas de la implantación del modeloacusatorio tiene su inicio en el año 1992 con la primera comisión redactora conformada por los doctores Walter Guerrero Vivanco como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fabián Guido Flores (+) y Rodrigo Bucheli Mera, catedráticos de la Universidad Central de Quito. Los asesores externos fueron los juristas argentinos Alberto M. Binder y Maximiliano Rusconi. Sin duda la propuesta del cambio deparadigma inquisitivo al acusatorio tiene su simiente en el anteproyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica obra del Catedrático Emérito de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, el Prof. Dr. D. Julio Bernardo José Maier.
Por mala información se ha insinuado que este modelo fue copiado de la legislación norteamericana y habría sido impuesto oficialmente, esto escarente de verdad, pues el modelo acusatorio oral está ya vigente en toda la América hispanoparlante, desde algunas provincias en Argentina, hasta Chile, Venezuela, Paraguay, Perú, Uruguay, Bolivia y Colombia. En Centroamérica se inicia con la legislación en Costa Rica y se irradia a los demás países como Guatemala, Nicaragua, Honduras y el Salvador.
El anteproyecto de 1992 de Ecuador quedórepresado en la legislatura, y para los años 1995 se retomó el anteproyecto de la Corte Suprema por parte de la CLD de Quito que conformó una pequeña comisión integrada por Walter Guerrero Vivanco ex Presidente de la Corte Suprema, Edmundo Durán Díaz (+) ex Fiscal General y Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Guayaquil. El anteproyecto de la CLDfue entregado a la legislatura en 1998 al tiempo de expedirse la nueva Constitución Política, y con algunas observaciones y propuestas de la legislatura se lo expidió en enero del 2000. Posteriormente se produjeron desde la legislatura algunas propuestas de reforma más políticas que técnicas, que fueron recortando algunos beneficios de excarcelación que incidieron en la tramitación de los procesoscomo la supresión de la ley del 2x1 (que era una conquista justa de los internos de las cárceles ecuatorianas), y la llamada detención en firme para limitar la aplicación de la caducidad de la prisión preventiva prevista en la Constitución Política de 1998 en el Art. 24 n. 8, que no hacía otra cosa que reconocer el derecho de todo ciudadano a ser juzgado en un tiempo razonable y prudencial o a serpuesto en libertad, como establecen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 de NN.UU (Art. 9 n. 3) y el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de DD.HH. de 1969 (Art. 7 n. 5), vinculantes para el Estado ecuatoriano.
La consolidación de un Estado de Derecho y el respeto a las garantías del derecho al debido proceso, demandan la implantación de un modeloacusatorio oral en que se cumpla realmente con el principio de oportunidad y de mínima intervención penal, establecidos en el Art. 195 de la Constitución Política del Ecuador del 2008. Desde las propuestas de un derecho penal liberal y democrático, venimos sosteniendo la necesidad de que el sistema penal funcione como un mecanismo de contención del ejercicio abusivo del poder punitivo por partedel Estado y sus agencias de control (E.R. Zaffaroni), que hay que buscar la implantación de un derecho penal mínimo o de última ratio (L. Ferrajoli), o de extrema ratio (J. Bustos), y que hay que evitar que los procesos de criminalización sigan siendo estratificados, selectivos y clasistas (A. Baratta). Se busca en definitiva evitar la criminalización de la pobreza (E. Carranza).
El Ecuador ha...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.