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Editorial: Seguridad jurídica en el campo
La controversia legal en torno a la Ley 160 de 1994 debe servir para debatir sin eufemismos y a fondo cuál es el modelo de desarrollo agropecuario querequiere el país y que permita ampliar la frontera agrícola, sin entrar en falsos dilemas con respecto al uso de la tierra.
Bien hizo el Presidente de la República en anunciar, durante el discurso deinstalación de las sesiones ordinarias del Congreso, que presentará un proyecto de ley para afianzar la seguridad jurídica en el campo. Porque el nivel de controversia que sobre los derechos de propiedadha generado el debate de las últimas semanas en torno a la libre enajenación de predios que fueron baldíos ha creado una incertidumbre generalizada y ha frenado de un tajo las inversiones en elsector agropecuario.
No se trata de un asunto de poca monta. Para empezar, porque, según lo ha manifestado la Sociedad de Agricultores de Colombia, la discusión no se refiere a algunas pocasadquisiciones, como se ha querido hacer creer, sino que tiene que ver con un poco más de 600.000 predios rurales, lo que hace que la controversia alcance ribetes de un problema de orden público y social. Además,de mantenerse la zozobra, se comprometerán cerca de 200.000 empleos directos, previstos para los próximos cinco años en la zona de la altillanura.
El caos es tal que la desinformación en medio deldebate político ha llegado al extremo de comprometer la misma estrategia de restitución de tierras. Porque, con la tesis de que es imposible acumular inmuebles que formaron parte del inventario debaldíos de la Nación, los registradores no están inscribiendo ni siquiera las sentencias de los jueces de restitución cuando las mismas dan lugar a sumar áreas de inmuebles por encima de la correspondiente auna unidad agrícola familiar (UAF).
En consecuencia, hay que hacer un llamado para que los planteamientos que se hagan tengan como base realidades y no interpretaciones amañadas. Así, la...