Sentencia
Páginas: 86 (21478 palabras)
Publicado: 14 de octubre de 2014
STC 11/1981, de 8 de abril de 1981
El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por don Manuel García-Pelayo y Alonso, Presidente; don Jerónimo Arozamena Sierra, don Angel Latorre Segura, don Manuel Díez de Velasco Vallejo, don Francisco Rubio Llorente, doña Gloria Begué Cantón, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Francisco Tomás y Valiente, don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don AngelEscudero del Corral, don Plácido Fernández Viagas y don Antonio Truyol Serra, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de inconstitucionalidad promovido por don Nicolás Redondo Urbieta y cincuenta y un diputados más, representados por el Comisionado don José Vida Soria contra diversos preceptos del Real Decreto-Ley 17/77, de 4 de marzo dedicho año, regulador del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo en el que ha comparecido el Gobierno, representado por el Abogado del Estado, siendo Ponente el Magistrado don Luis Díez-Picazo y Ponce de León.
I. Antecedentes
1. El día 14 de octubre de 1980, don José Vida Soria, que actuaba como Comisionado de don Nicolás Redondo Urbierta y de cincuenta y un Diputadosmás, interpuso ante este Tribunal un recurso de inconstitucionalidad contra las normas contenidas en los Títulos I y II (arts. 1 al 26) y contra las Disposiciones Adicionales 1.ª y 4.ª del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo de dicho año.
En el escrito de recurso se pedía a este Tribunal que, tras sustanciar el procedimiento legalmente establecido, dicte una Sentencia, en la que declare lainconstitucionalidad de las referidas disposiciones y en consecuencia la nulidad de las mismas, así como la de aquellas otras a las que el Tribunal considere oportuno extenderse por vía de conexión o de consecuencia.
El escrito de don José Vida Soria contiene una serie de argumentos sobre la procedencia del control de constitucionalidad de las leyes ordinarias anteriores a la Constitución yrealiza una serie de alegaciones, en relación con la concreta inconstitucionalidad de los preceptos del Real Decreto-Ley impugnado, que el recurrente articula diciendo que la configuración del derecho de huelga que resulta del Real Decreto-Ley 17/77, contradice la Constitución en los siguientes aspectos:
1.º En cuanto a los sujetos del derecho a la huelga.-El art. 3.2 a) del Real Decreto-Leyimpugnado faculta para acordar la declaración de huelga a los trabajadores a través de sus representantes y, cuando faculta directamente a los propios trabajadores, lo hace exigiendo que un 25 por 100 de la plantilla decida que se someta a votación el acuerdo. Al mismo tiempo limita el ámbito de la huelga a un sólo centro de trabajo. Frente a ello, el art. 28.2 de la Constitución reconoce, sinlimitaciones, ni restricciones de tipo subjetivo, el derecho a la huelga de los trabajadores.
Además -según el recurrente-, el art. 10 del Decreto-Ley impugnado establece que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo o de la Autoridad gubernativa competente, dispone de poderes para interrumpir la huelga o para impedir a determinados trabajadores el ejercicio de su derecho a la misma. Esta regulación-dice el recurrente- no puede entenderse convalidada por lo dispuesto en el art. 28.2 de la Constitución, según el cual la Ley que regule el ejercicio de huelga establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad y ello porque esos servicios esenciales para la comunidad, o bien están definidos dentro del marco constitucional por una Leyque al efecto se apruebe por las Cortes o sólo pueden deducirse de las restantes normas o derechos fundamentales que contiene la Constitución.
Dice también el recurrente que el Real Decreto-Ley impugnado asimila de facto el derecho a la huelga a su ejercicio por parte de los trabajadores por cuenta ajena sometidos a una relación laboral en sentido técnico, toda vez que de las Disposiciones...
El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por don Manuel García-Pelayo y Alonso, Presidente; don Jerónimo Arozamena Sierra, don Angel Latorre Segura, don Manuel Díez de Velasco Vallejo, don Francisco Rubio Llorente, doña Gloria Begué Cantón, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Francisco Tomás y Valiente, don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don AngelEscudero del Corral, don Plácido Fernández Viagas y don Antonio Truyol Serra, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de inconstitucionalidad promovido por don Nicolás Redondo Urbieta y cincuenta y un diputados más, representados por el Comisionado don José Vida Soria contra diversos preceptos del Real Decreto-Ley 17/77, de 4 de marzo dedicho año, regulador del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo en el que ha comparecido el Gobierno, representado por el Abogado del Estado, siendo Ponente el Magistrado don Luis Díez-Picazo y Ponce de León.
I. Antecedentes
1. El día 14 de octubre de 1980, don José Vida Soria, que actuaba como Comisionado de don Nicolás Redondo Urbierta y de cincuenta y un Diputadosmás, interpuso ante este Tribunal un recurso de inconstitucionalidad contra las normas contenidas en los Títulos I y II (arts. 1 al 26) y contra las Disposiciones Adicionales 1.ª y 4.ª del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo de dicho año.
En el escrito de recurso se pedía a este Tribunal que, tras sustanciar el procedimiento legalmente establecido, dicte una Sentencia, en la que declare lainconstitucionalidad de las referidas disposiciones y en consecuencia la nulidad de las mismas, así como la de aquellas otras a las que el Tribunal considere oportuno extenderse por vía de conexión o de consecuencia.
El escrito de don José Vida Soria contiene una serie de argumentos sobre la procedencia del control de constitucionalidad de las leyes ordinarias anteriores a la Constitución yrealiza una serie de alegaciones, en relación con la concreta inconstitucionalidad de los preceptos del Real Decreto-Ley impugnado, que el recurrente articula diciendo que la configuración del derecho de huelga que resulta del Real Decreto-Ley 17/77, contradice la Constitución en los siguientes aspectos:
1.º En cuanto a los sujetos del derecho a la huelga.-El art. 3.2 a) del Real Decreto-Leyimpugnado faculta para acordar la declaración de huelga a los trabajadores a través de sus representantes y, cuando faculta directamente a los propios trabajadores, lo hace exigiendo que un 25 por 100 de la plantilla decida que se someta a votación el acuerdo. Al mismo tiempo limita el ámbito de la huelga a un sólo centro de trabajo. Frente a ello, el art. 28.2 de la Constitución reconoce, sinlimitaciones, ni restricciones de tipo subjetivo, el derecho a la huelga de los trabajadores.
Además -según el recurrente-, el art. 10 del Decreto-Ley impugnado establece que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo o de la Autoridad gubernativa competente, dispone de poderes para interrumpir la huelga o para impedir a determinados trabajadores el ejercicio de su derecho a la misma. Esta regulación-dice el recurrente- no puede entenderse convalidada por lo dispuesto en el art. 28.2 de la Constitución, según el cual la Ley que regule el ejercicio de huelga establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad y ello porque esos servicios esenciales para la comunidad, o bien están definidos dentro del marco constitucional por una Leyque al efecto se apruebe por las Cortes o sólo pueden deducirse de las restantes normas o derechos fundamentales que contiene la Constitución.
Dice también el recurrente que el Real Decreto-Ley impugnado asimila de facto el derecho a la huelga a su ejercicio por parte de los trabajadores por cuenta ajena sometidos a una relación laboral en sentido técnico, toda vez que de las Disposiciones...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.