SENTENCIAS DE AMPARO

El artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé consecuencias de naturaleza excepcional para el servidor público que incumpla una ejecutoria emitida en un juicio de amparo, consistentes en la separación de su cargo así como su consignación ante el Juez de Distrito para que sea juzgado por la desobediencia cometida conforme a lo previsto en la leypenal aplicable en materia federal. Ahora bien, el hecho de que el nuevo titular de la autoridad responsable acredite haber dado cumplimiento al fallo protector, no implica además, ejemplar y preventiva, por lo que no es dable que queden impunes las conductas de los anteriores servidores públicos tendientes a evadir el debido acatamiento a tales sentencias. Admitir lo contrario, implicaría burlarel riguroso sistema que la Constitución General y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, lo que explica que cuando el titular de una autoridad, cualquiera que sea, haya desacatado una sentencia de amparo, proceda consignarla ante el Juez respectivo para que sea sancionada, independientemente de que ya no ocupe el cargo y de que quien lo suceda cumplael fallo protector.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 46, fracción III, del Estatuto ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo, cuando vinculen a la administración pública del Distrito Federal al pago de cantidades ciertas y determinadas, solicitud en la cual deberá explicar en forma detallada la fecha en la que causaron estado los fallos, el monto aproximado de las devolucionesy, en su caso, los accesorios que podrían generarse por su falta de liquidación oportuna dentro del ejercicio fiscal respectivo. Lo anterior encuentra explicación lógica en que la restitución de dichas cantidades se considera presupuesto devengado, en términos del artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, cuyo pago por tanto es ineludible y carece de sentido noprogramarlo, presupuestarlo y aprobarlo desde que inicia el año, con el propósito de que las autoridades que conforman la administración pública del Distrito Federal, a cargo del Jefe de Gobierno por disposición del párrafo cuarto del artículo 122 de la Constitución Federal, no resten en forma generalizada y continua la eficacia de dichas sentencias, pues el artículo 66, fracción II, del propioEstatuto, atribuye a dicha conducta incluso consecuencias políticas, al señalar que son causas graves para la remoción de este servidor público "Abstenerse de ejecutar en forma reiterada y sistemática, o incurrir en contravención de actos legislativos, jurisdiccionales y administrativos que dicten los Poderes de la Unión;"; lo cual significa que existe un mandato específico de colaboración para que,en materia presupuestal, el órgano ejecutivo de carácter local programe el pago de las cantidades destinadas al cumplimiento de las sentencias protectoras de garantías, y el órgano legislativo de esta entidad federativa apruebe la partida específica que abastezca de fondos bastantes para sufragarlas, más aún cuando el párrafo tercero del artículo 1o. de esta ley señala que los sujetos obligados acumplirla observarán que la administración de los recursos públicos se realice con un enfoque de respeto a los derechos humanos, entre otros principios.

Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras,específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la...