Silencio de la administracion

2. EL SILENCIO DE LA ADMINISTRACIÓN
A lo largo de la historia, el Derecho ha mostrado su preocupación por otorgar un efecto jurídico a la abstención de pronunciamientos o de manifestación de voluntad que puede darse en las relaciones jurídicas.
En el derecho administrativo, el silencio administrativo se configura como un medio de impedir que las instancias administrativas queden indefinidamentependientes de resolución y se vulneren los derechos subjetivos impidiendo el acceso a la jurisdicción. En este contexto, se han previsto dos tipos de efectos para el silencio administrativo: el que supone una denegación (silencio negativo o denegatorio) y el que supone una aceptación (silencio positivo).
La circunstancia de que el ordenamiento jurídico haya establecido y regulado consecuenciaspara el silencio administrativo, no debe indicar que el mutismo es una alternativa a la decisión expresa, ni que se trata de un modo regular o admitido de concluir los procedimientos administrativos. Todo lo contrario, de conformidad con el artículo 14 de la Constitución de la República Argentina, la autoridad administrativa tiene el deber de resolver expresamente y conforme a derecho todo aquelloque se le plantea, lo cual no se exime, ni por la calidad jurídica de lo que se solicita o pretende, ni por la oscuridad o falta de ley.
2.1. Enclave constitucional: El derecho de petición como principio
derivado del sistema republicano de gobierno
Previo al análisis del funcionamiento del silencio o inactividad formal de la administración, resulta de interés destacar, que la estructuración ylógica de este instituto en el ordenamiento jurídico tiene como presupuesto el deber de la administración de expedirse de manera expresa y fundada frente a las peticiones de los particulares, pilares básicos del sistema republicano de gobierno.
En efecto, la Constitución Nacional adopta en su art. 1 el sistema republicano de gobierno , que se reduce no solo al respeto formal de un sistema degobierno o de departamentos que ejercen esos poderes, sino que a partir de su reconocimiento proceden determinadas exigencias prácticas cuya observancia por parte de los órganos estatales resulta esencial para determinar la validez de su accionar.
Por su parte, el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de peticionar a las autoridades públicas, como derivación natural del sistemarepublicano de gobierno y proyecta consecuencias jurídicas en el plano del ejercicio de la función administrativa.
Hutchinson, citando enseñanzas de Montes de Oca, señala que: “El derecho a peticionar se explica por sí mismo: es el más absoluto que puede concebirse, porque como se ha dicho y repetido, supone en el que peticiona la convicción de que la autoridad a quien se dirige tiene plena facultadpara acordar o negar lo solicitado. Los monarcas más absolutos, los déspotas más odiosos, han otorgado el derecho de petición a sus subordinados, y lo han hecho porque, diciéndose casi siempre los tutores de su pueblo, han debido mostrarse solícitos para recibir las quejas que se les dirigieran” .
Este derecho subjetivo, incluye el de presentar solicitudes de todo tipo ante los poderes delEstado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados y desconcentrados de la administración pública y los prestatarios de servicios públicos. No implica el derecho a obtener lo peticionado pero sí una respuesta, aunque sea negativa del poder judicial y de la administración pública .
Bidart Campo enseña que: “el derecho del administrado a obtener una decisión expresa deriva lógicamente del derechode petición ante las autoridades públicas, pues el derecho de peticionar sería ilusorio sino estuviese asociado inescindiblemente al correlativo deber de los órganos estatales de pronunciarse expresamente respecto de tales peticiones” .
En síntesis, el derecho de peticionar genera el deber de la Administración de expedirse expresamente y, en consecuencia, le asiste a los administrados el...