Teoria de los riesgos
Páginas: 6 (1262 palabras)
Publicado: 24 de mayo de 2010
1. Situación actual
Desde el punto de vista social el campo colombiano sufre una crisis humanitaria cuya expresión más evidente es el desplazamiento forzado de más de 3 millones de personas, como resultado de asesinatos, masacres y amenazas individuales y colectivas. Esta situación ha provocado un incremento de la concentración de la propiedad de la tierra en manos de grandes propietarios: el0,06% de los propietarios, unas 3 mil personas, son dueñas del 53,5 % de la tierra (IGAC 2004).
En cuanto a la economía agraria, las estadísticas oficiales muestran que se encuentra notoriamente rezagada con respecto al resto de la economía nacional. Mientras en los últimos seis años la producción industrial tuvo un incremento total del 40%, el sector agrícola creció sólo el 12%, mientras elnúmero de personas trabajando en el campo se redujo de 4,2 a 3,8 millones (DANE). Durante el mismo período las importaciones de alimentos aumentaron en 35%. Así las cosas, el crédito agropecuario otorgado no sólo se concentra en un 75% en los grandes productores, especialmente de caña de azúcar y palma aceitera para agrocombustibles, sino que increíblemente el Banco Agrario tiene el 54% de susrecursos prestados al Gobierno nacional.
2. Pronunciamientos de la Corte
La Corte Constitucional ha dicho con claridad que hay un “estado de cosas inconstitucional” que ha forzado el desplazamiento de cientos de miles de personas, la Sentencia C-025 de 2004 y el correspondiente Auto 218 de 2006 de la Corte Constitucional en lo referente al derecho a la tierra de los desplazados por la violenciadeberían garantizar el derecho a la restitución, pero en realidad leyes como la 1152 de 2007 y la 1182 de 2008 tienden más bien a permitir la legalización de los despojos y determinan para los desplazados garantías insuficientes y muy difíciles de hacer valer.
La Corte ha tomado muy en serio la situación de los desplazados y ha proferido importantes sentencias en defensa de los derechosterritoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades afro colombianas y de la obligación de consultarles cualquier medida que les afecte directamente, tal y como ha hecho con la Sentencia C-030 de 2008, pero no ha ocurrido lo mismo con el cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, que tienen que ver con la economía agraria, a pesar de la importante base doctrinaria quesentó la Sentencia C-040 de 1993, al considerar que el principio de seguridad alimentaria está plasmado en la Carta de 1991 bajo la forma de la protección especial que el estado debe darle a la producción de alimentos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 65.
En vez del acceso progresivo a la propiedad de la tierra para los trabajadores agrarios, tenemos que la pérdida de sus tierrasafecta a miles de campesinos propietarios o poseedores, sin que la ley y el presupuesto los doten de instrumentos para recuperarlas. La producción de alimentos se queda rezagada y es sustituida por la importación, lo cual puede agravarse si los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá entran en vigencia. En vez de protección especial a la producción de alimentos, se protege especialmentela producción de agrocombustibles. El crédito agropecuario es desviado hacia los gastos de gobierno.
3. Retos y Desafíos de la Corte
La Corte Constitucional estará durante el próximo período ante un doble reto: lograr que sus sentencias con respecto a los desplazados por la violencia, los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, culminen en hechos reales que hagan plenamentevigentes los derechos violados y eviten la repetición de su violación, que las tierras de los desplazados sean restituidas, que los pueblos indígenas y comunidades afro sean debidamente consultados; por otra parte, lograr corregir otro estado de cosas inconstitucional configurado por la violación de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución, en lo que se refiere especialmente a la economía...
Desde el punto de vista social el campo colombiano sufre una crisis humanitaria cuya expresión más evidente es el desplazamiento forzado de más de 3 millones de personas, como resultado de asesinatos, masacres y amenazas individuales y colectivas. Esta situación ha provocado un incremento de la concentración de la propiedad de la tierra en manos de grandes propietarios: el0,06% de los propietarios, unas 3 mil personas, son dueñas del 53,5 % de la tierra (IGAC 2004).
En cuanto a la economía agraria, las estadísticas oficiales muestran que se encuentra notoriamente rezagada con respecto al resto de la economía nacional. Mientras en los últimos seis años la producción industrial tuvo un incremento total del 40%, el sector agrícola creció sólo el 12%, mientras elnúmero de personas trabajando en el campo se redujo de 4,2 a 3,8 millones (DANE). Durante el mismo período las importaciones de alimentos aumentaron en 35%. Así las cosas, el crédito agropecuario otorgado no sólo se concentra en un 75% en los grandes productores, especialmente de caña de azúcar y palma aceitera para agrocombustibles, sino que increíblemente el Banco Agrario tiene el 54% de susrecursos prestados al Gobierno nacional.
2. Pronunciamientos de la Corte
La Corte Constitucional ha dicho con claridad que hay un “estado de cosas inconstitucional” que ha forzado el desplazamiento de cientos de miles de personas, la Sentencia C-025 de 2004 y el correspondiente Auto 218 de 2006 de la Corte Constitucional en lo referente al derecho a la tierra de los desplazados por la violenciadeberían garantizar el derecho a la restitución, pero en realidad leyes como la 1152 de 2007 y la 1182 de 2008 tienden más bien a permitir la legalización de los despojos y determinan para los desplazados garantías insuficientes y muy difíciles de hacer valer.
La Corte ha tomado muy en serio la situación de los desplazados y ha proferido importantes sentencias en defensa de los derechosterritoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades afro colombianas y de la obligación de consultarles cualquier medida que les afecte directamente, tal y como ha hecho con la Sentencia C-030 de 2008, pero no ha ocurrido lo mismo con el cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, que tienen que ver con la economía agraria, a pesar de la importante base doctrinaria quesentó la Sentencia C-040 de 1993, al considerar que el principio de seguridad alimentaria está plasmado en la Carta de 1991 bajo la forma de la protección especial que el estado debe darle a la producción de alimentos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 65.
En vez del acceso progresivo a la propiedad de la tierra para los trabajadores agrarios, tenemos que la pérdida de sus tierrasafecta a miles de campesinos propietarios o poseedores, sin que la ley y el presupuesto los doten de instrumentos para recuperarlas. La producción de alimentos se queda rezagada y es sustituida por la importación, lo cual puede agravarse si los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá entran en vigencia. En vez de protección especial a la producción de alimentos, se protege especialmentela producción de agrocombustibles. El crédito agropecuario es desviado hacia los gastos de gobierno.
3. Retos y Desafíos de la Corte
La Corte Constitucional estará durante el próximo período ante un doble reto: lograr que sus sentencias con respecto a los desplazados por la violencia, los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, culminen en hechos reales que hagan plenamentevigentes los derechos violados y eviten la repetición de su violación, que las tierras de los desplazados sean restituidas, que los pueblos indígenas y comunidades afro sean debidamente consultados; por otra parte, lograr corregir otro estado de cosas inconstitucional configurado por la violación de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución, en lo que se refiere especialmente a la economía...
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