TRABAJADORES DEL CONGRESO VS PERU

SENTENCIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2006. En el caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú
1. A.   Antecedentes generales del caso.-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó la demanda con el fin de que la Corte decidiera si el Perú es responsable por la violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) de la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos, así como por el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma.  Los hechos expuestos en la demanda se refieren al “despido de un grupo de 257 trabajadores cesados del Congreso Nacional de la República del Perú[,…] quienes forman parte de un grupo de 1117trabajadores que fueron despedidos [de dicha institución] a través de Resoluciones del Congreso de 31 de diciembre de 1992.”
El 19 de octubre de 2004, luego de analizar las posiciones del Estado y los peticionarios, la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 78/04, en el que concluyó que el Estado es responsable de la violación al derecho a la protección judicial del artículo 25(1), al derecho alas garantías judiciales del artículo 8(1) y al deber de adoptar disposiciones del derecho interno del artículo 2 de la Convención Americana, en perjuicio de los 257 trabajadores cesados del Congreso.  Lo anterior constituyó además, violación por el Estado  a la obligación que le impone el artículo 1(1) de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención, y recomendó al Estado:a.   Garantizar a los Trabajadores del Congreso identificados y enlistados en el anexo al informe, el recurso judicial sencillo, rápido y eficaz, para que sean revisadas sus demandas sobre la desvinculación de que fueron objeto por las Resoluciones Nos. 1303-A-92-CACL y 1303-B-92-CACL de noviembre 6 de 1992 de la Comisión Administradora del Congreso de la República, publicadas el 31 de diciembre de1992. Tal recurso debe estar rodeado de las garantías judiciales y debe conducir a un pronunciamiento sobre los méritos de las demandas presentadas.
b.    Modificar el artículo 9 del Decreto Ley No. 25640 de 21 de julio de 1992 y el artículo 27 de la Resolución No. 1239-A-92-CACL de 13 de octubre de 1992, para hacerlos compatibles con la Convención Americana.
B. Excepciones Preliminares ydecisión sobre aspectos de forma.-
En el escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, el Estado interpuso tres excepciones preliminares, que denominó “a) excepción de caducidad; b) defectos legales, y c) falta de legitimidad para obrar”.
Con respecto a la primera excepción, esto es, de caducidad, la Corte concluye señalando que el Estado no puede alegarválidamente en esta etapa procesal el proceder de la Comisión respecto del trámite y admisión de sus peticiones y menos aún para la determinación de las presuntas víctimas, pues a pesar de tener conocimiento oportuno acerca de la misma, no manifestó su disconformidad al respecto durante el trámite ante la propia Comisión. Como consecuencia de no haber planteado en su oportunidad procesal objeciónalguna en ese sentido, la Corte concluye que el Estado está impedido –en virtud del principio del estoppel– de hacerla prevalecer ante este Tribunal, porque ha renunciado tácitamente a ella. Con base en lo anteriormente indicado, la Corte rechaza la primera excepción preliminar “de caducidad” presentada por el Estado. (Párrafo 60)
Sobre la segunda excepción fundamentada en presuntos “defectoslegales”, presentada ante la Corte por parte del Estado peruano, la misma resolvió “que la Corte ha considerado anteriormente que la Convención Americana confiere al Tribunal jurisdicción plena sobre todas las cuestiones relativas a un caso sometido a su conocimiento, incluso sobre los presupuestos procesales en los que se funda la posibilidad de que ejerza su competencia, sin que esto suponga...