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Caso Hermanas González Pérez
En el Caso de las hermanas González Pérez, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C (COLEM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C (CMDPDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), asumimos la representación de las víctimas ante la CIDH.
El 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en elestado de Chiapas, México, a las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez (indígenas tzeltales) para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas. Durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. El 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio PúblicoFederal con base en un examen médico ginecológico, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz (las dos hermanas mayores); pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado bajo el argumento de que “los representantes de las hermanas González Pérez no demostraronsuficiente interés en el caso” y que no se configuran violaciones de los derechos humanos ante la falta de comparecencia de las hermanas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas.
Ante el expreso incumplimiento por parte del Estado mexicano con su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones,el caso fue sometido ante laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el día 16 de enero de 1996 y fue emitido el informe de admisibilidad No. 129/99[1] el 19 de noviembre de 1999. Finalmente, la CIDH emitió el  Informe de Fondo No. 53/01[2] el día 4 de abril de 2001 declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre DerechosHumanos y emitió las siguientes recomendaciones al Estado mexicano:
1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González.
2. Reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia GonzálezPérez y a Delia Pérez de González por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas.
En el citado informe, la Comisión Interamericana sostuvo que “cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas”, en virtud de lo cual los procedimientos resultan “incapaces deproporcionar la investigación, la información y el remedio supuestamente disponibles” y se verifica una impunidad de facto que “supone la corrosión del imperio de la ley y viola los principios de la Convención Americana”.[3] En particular, la CIDH ha determinado que, en razón de su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad que imponeel artículo 8(1) de la Convención Americana.
La Comisión se basó en jurisprudencia de la Corte Interamericana, la cual ha interpretado que:
En un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con la función que la ley asigna a las fuerzasmilitares.  Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.  
Es obvio que los abusos cometidos por los militares contra las cuatro hermanas tzeltales no pueden de manera alguna considerarse hechos que afecten...