VIA GUBERNATIVA
INTRODUCCIÓN
Toda Constitución Política contiene las normas de dirección y organización del Estado, de su gobierno y, dentro de este, de su administración.
La Administración Pública, que comprende no solo la prestación de los servicios estatales sino la gestión económica y de planeación deldesarrollo económico y social de la comunidad respectiva, engloba los cuatro órdenes: el nacional, el departamental, el municipal, y los territorios Indígenas las actuaciones de sus órganos respecto de los administrados.
Se puede afirmar, pues, que la administración pública está determinada, tanto en su estructura como en su funcionamiento general, por las disposiciones constitucionales quefijan sus principios, sus objetivos, sus organismos, su jerarquía y competencias y los controles y las reglas a que deben ceñirse sus funcionarios para garantía de los administrados. Vienen a ser tales disposiciones el marco dentro del cual las leyes, en concreto, llevan a la práctica aquellas orientaciones, directrices y prescripciones.
Las mencionadas disposiciones están formuladasbásicamente en el Título V de la Constitución que trata, como lo dice bien su epígrafe, de la Organización del Estado pero, dispersas en dicho estatuto, se encuentran otras normas que son también soporte preceptivo de las actuaciones administrativas, aunque no se refieran específicamente a estas, por ser comprensivas de toda la actuación estatal, sin diferencias funcionales u orgánicas.
Precisar cuálesson las normas constitucionales más directamente conexas con la administración estatal y comprender su significación es la finalidad de este trabajo, seguida de la explicación de los principios legales que desarrollan aquellas normas en el orden propiamente administrativo.
1. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
En el Estado de Derecho todas las actuaciones del poder público y, obviamente, dela administración, deben sujetarse a la ley. Este principio significa, pues, la racionalización del ejercicio del poder público, despojándolo de todo factor subjetivo y discrecional, a fin de establecer en comunidad un clima de perfecta seguridad jurídica ya que, de antemano, están predeterminadas todas las formas, de actuación del Estado frente a los gobernados, a la vez que éstos puedencalcular y prever las consecuencias jurídicas de su comportamiento externo.
En términos menos abstractos, dicho principio puede enunciarse así: “En el Estado Social de Derecho las autoridades solo pueden hacer válidamente aquello para lo cual estén previa y expresamente facultadas”. Las actuaciones que desborden esta regla, son anulables y, si causan daño, generan responsabilidad que implicarestablecimiento del derecho afectado.
Encontramos expresado este principio en el art. 3° del la Constitución cuando declara que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo cual emana el poder público y que tal poder “... se ejercerá en los términos que esta Constitución establece”. Declaración comprensiva de todas las facultades del Estado, y dentro de ellas las administrativas, ya queexpresa el origen democrático del Estado, con la necesaria consecuencia de que todas las atribuciones de gobernantes, representantes, jueces y administradores son poderes recibidos
de el pueblo, derivados de las leyes, simples competencias jurídicas impersonales, limitadas por las normas y de ejercicio controlado y responsable.
Se deduce de estas prescripciones que, en general, todas lasactuaciones del Estado están regidas por reglas de derecho público. Sin embargo, la transformación del Estado para
flexibilizar su actuación admite que hoy actúe como los particulares, lo que no constituye
derogación del principio de legalidad, en cuanto esa modalidad está expresamente autorizada por la ley.
La complementación normativa de este principio se encuentra en los artículos...
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