C DE E S3 OCTUBRE 17 DE 2013 No



2. C O N S I D E R A C I O N E S

Con el propósito de desatar el recurso de alzada interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida dentro del presente litigio por el Tribunal Administrativo de Nariño, previa relación del material probatorio arrimado al expediente, la Sala (i) precisará el fundamento normativo de su competencia para pronunciarse en el sub lite, así como si haoperado, o no, la caducidad de la acción, por manera que, seguidamente, (ii) procederá a examinar si la Nación-Fiscalía General de la Nación cuenta con legitimación en la causa para resistir las pretensiones elevadas en la demanda, hecho lo cual (iii) referirá la evolución de la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación en lo atinente a la responsabilidad del Estado derivada de laprivación injusta de la libertad de las personas, con especial atención a la multiplicidad de argumentos que justifican el título de imputación aplicable a aquellos eventos en los cuales la absolución ─o el pronunciamiento judicial equivalente a ella─, dentro del proceso penal respectivo, se produce con base en la aplicación del principio in dubio pro reo y así, finalmente, (iv) analizará, a la luz detales parámetros, el presente caso concreto.

2.1 El material probatorio que obra en el proceso.

A este proceso se trasladó, por parte de la propia entidad pública demandada1, copia auténtica del proceso penal No. 3883 que se adelantó en contra del ahora demandante Luis Carlos Orozco Osorio, por la supuesta violación a la Ley 30 de 1986, el cual será valorado en su integridad, dado que fueaportado por la Fiscalía General de la Nación atendiendo a la solicitud que en tal sentido le formuló el Tribunal Administrativo a quo dando cumplimiento a lo ordenado en el auto que profirió el 18 de septiembre de 1998 fl. 1, c. 2 y mediante el cual decretó las pruebas pedidas por la parte actora en el libelo introductorio del litigio fls. 4-5, c. 1, entre ellas la aquí referida; al respecto seha sostenido lo siguiente:

“Esta prueba documental, así como todos aquellos medios de convicción que reposan dentro del proceso penal adelantado por la muerte de los señores Javier Alfonso Martínez Vila y Quintín Díaz Rondón, el cual se trasladó a este proceso, tienen mérito probatorio dentro del mismo, dado que se trata de una prueba que proviene de la propia entidad pública aquí demandada, pormanera que fueron aportados por la parte en contra de quien se pretende hacer valer dicha prueba trasladada, es decir, con su previo y pleno conocimiento. [sentencia de 4 de diciembre de 2002, exp. 13.623, reiterada por esta Subsección a través de sentencia de marzo 12 de 2011, exp. 20.697]” 2 (se deja destacado).

De conformidad con las piezas probatorias que allí reposan, se encuentranacreditados los siguientes hechos:

2.1.1 Mediante auto de 23 de junio de 1992, el entonces denominado Juzgado de Instrucción de Orden Público dictó medida de aseguramiento, con detención preventiva, en contra del señor Luis Carlos Osorio Orozco y otras personas, por la supuesta infracción de la Ley 30 de 1986 (fls. 167 a 178 anexo 1). La vinculación de esa persona al referido proceso penal encontrófundamento fáctico en lo siguiente:

“De las instalaciones del Palacio Municipal de Puerto Asís (P), donde se encuentran las sedes de los Despachos Judiciales, concretamente de la Oficina del Juzgado Treinta y Tres de Instrucción Criminal, sujetos penetraron averiando las paredes y obtuvieron diez de los 28 paquetes del alcaloide incautado por C.E.P., sustancia que forma parte de la investigación quecursa por una conducta de las contenidas en el Estatuto Nacional de Estupefacientes, con la partida No. 591. A la sazón de conseguir la cocaína que se encuentra a buen recaudo, es que cursa esta nueva instrumentación, en la que aparecen los ya citados” (fl. 167 anexo 1).

2.1.2 Por consiguiente, se libró la respectiva orden de captura No. 0243 de junio 24 de 1993 (fl. 181 anexo 1).

2.1.3 A través...