D Cecchini
económicos y sociales
Simone Cecchini1
1. Introducción
América Latina y el Caribe es considerada la “clase media” del mundo, ya que tiene un ingreso per cápita que
es cinco veces mayor que el de la región más pobre a nivel global –el África sub-sahariana– y cuatro veces
menor que el ingreso per cápita de lospaíses de alto desarrollo que son parte de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).2 Sin embargo, los países de la región enfrentan el gran reto
de lograr un desarrollo inclusivo, o sea de crecer económicamente y al mismo tiempo distribuir los frutos del
crecimiento de manera equitativa y así disminuir las enormes desigualdades sociales y de ingreso que loscaracterizan.3
Desde un enfoque de derechos humanos, es esencial poner un gran énfasis en la reducción de las
desigualdades. De hecho, siguiendo a Bobbio (1996: 70-71), es posible argumentar que la lógica detrás de los
derechos humanos a la educación, el trabajo o la salud es eminentemente igualitaria, ya que los derechos
económicos y sociales buscan reducir las desigualdades entre ricos y pobres y poner aun creciente número
de personas en mejores condiciones en relación con las personas más aventajadas.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de las Naciones
Unidas consagrado al desarrollo de la región, los derechos humanos deben constituir el marco ético para la
formulación de políticas, dejando espacio de discrecionalidad para elegir las políticasespecíficas destinadas a
hacer efectivos esos derechos. Para lograr un crecimiento equitativo, CEPAL sugiere diversas medidas, tales
como alcanzar nuevos pactos sociales, basados en criterios de equidad e inclusión social, y así promover
cambios en la política impositiva y en el gasto social; mejorar la institucionalidad social (en cuanto a la
coordinación, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas enmateria de gasto social); poner énfasis en
programas de reducción de la pobreza con sinergias entre distintas áreas; y adoptar políticas educativas y de
salud con un claro enfoque redistributivo, para estandarizar la calidad, las condiciones de acceso y las
oportunidades de fortalecimiento del capital humano (Naciones Unidas, 2005).
Sin embargo, pese a los esfuerzos de los gobiernoslatinoamericanos y caribeños por aumentar los
recursos destinados hacia fines sociales, el gasto social continúa siendo insuficiente en montos y no alcanza
a tener el impacto necesario para mejorar el bienestar y la equidad. En 2007, el gasto social alcanzaba en
promedio al 17% del producto interno bruto (PIB) de los países, o sea, se situaba ocho puntos porcentuales
por debajo del 25% del PIB alcanzado porlos países de la OCDE (CEPAL, 2010). Es así como en nuestra
región, en 2008, un tercio de la población vivía en condiciones de pobreza y el 13% en extrema pobreza.
Asimismo, el 8% de la población sufre de subnutrición, el 7% no tiene acceso a una fuente mejorada de
abastecimiento de agua y el 21% a saneamiento, y el 8% de las personas mayores de 15 años es
analfabeta.4 De estos datos se desprendeque la región está aún lejos de lograr la plena realización de los
derechos sociales.
Este conjunto de información sobre la situación social de la región se deriva a partir de indicadores
que miden las condiciones en que viven las personas en una sociedad, o indicadores sociales. Como lo ha
señalado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2000: 89), los indicadores socialestienen el potencial de convertirse en “un poderoso instrumento en la lucha por los derechos humanos”. Esto
se debe especialmente a que los indicadores sociales “son uno de los instrumentos más poderosos para
1
Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Naciones Unidas. El autor agradece a Claudia Robles y Federica...
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