2012 Gargarella Caso Gelman Uruguay

Sin lugar para la soberanía popular. Democracia, derechos y castigo en el caso Gelman

Roberto Gargarella1

El 24 de febrero de 2001, al resolver el caso Gelman vs. Uruguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Uruguay por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y el nacimiento en cautiverio de su hija Macarena Gelman, durante ladictadura militar.2 En su fallo, la Corte sostuvo que Uruguay debía remover todo obstáculo que permitiera la impunidad de los responsables del hecho. En tal sentido, consideró que la Ley 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (“Ley de Caducidad”), promulgada el 22 de diciembre de 1986, que impedía que fueran llevados a juicio quienes habían cometido graves violaciones de derechoshumanos durante la dictadura militar, resultaba carente de efectos jurídicos, dada su incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Al mismo tiempo, consideró que no constituía un impedimento para dejar sin efecto a la Ley, el hecho de que la misma hubiera sido aprobada democráticamente, y luego respaldadapopularmente a través de dos consultas directas con la ciudadanía.
El fallo en cuestión es de enorme relevancia política y jurídica, y aborda cuestiones fundamentales para la teoría constitucional contemporánea. En lo personal, me interesará examinar la decisión de la Corte IDH en el caso Gelman, motivado no tanto por la pretensión de defender o criticar la sentencia, sino por la importancia de lascuestiones teóricas que la misma nos urge a explorar. Por supuesto, los temas abarcados por el fallo, y que ameritarían un estudio especial, son numerosos, pero aquí no podré brindarle a todos ellos la atención debida. Me concentraré, en cambio, en una línea de cuestiones de las que el fallo se ocupa, y que tiene que ver con preguntas tan centrales como las siguientes: Cómo pensar la relacióndemocracia y derechos? Cómo pensar, más específicamente, esa relación, cuando involucra, como en este caso, a derechos humanos fundamentales y plebiscitos libremente celebrados? Cómo resolver la tensión posible entre las decisiones tomadas por una comunidad democrática y las adoptadas por organismos internacionales? Cómo pensar los alcances y límites del reproche estatal frente a las más gravesviolaciones de derechos humanos?
Partiendo de mi interés por tales preguntas, en lo que sigue concentraré mi análisis en tres tópicos centrales: el primero, i) vinculado con la democracia; el segundo, ii) vinculado con los derechos; y el tercero, iii) vinculado con el castigo. Las tres cuestiones citadas refieren a tres problemas que la sentencia en cuestión finalmente plantea El primer problema, al quellamaré i) el problema de la gradación democrática, nos exige reflexionar sobre los modos en que lidiar con manifestaciones colectivas y democráticas de distinto tipo. La intuición que me guiará en este respecto es que distintas decisiones democráticas (una decisión parlamentaria, un decreto presidencial, un plebiscito) pueden requerir tratamientos diferenciados, antes que uniformes.
El segundoproblema se relaciona con los derechos, y lo denominaré simplemente ii) el problema del desacuerdo. El mismo tiene que ver con las razonables desavenencias que encontramos, dentro de cualquier sociedad democrática (no sólo en torno a qué derechos merecen protección, sino más particularmente, y en lo que aquí me interesa) en torno al significado, contenido y alcance de los derechos que protegemos y, apartir de allí, acerca del modo en que proteger a esos derechos. Mi principal intuición al respecto es que los profundos y sensatos desacuerdos que tenemos en materia de derechos exigen de formas más dialógicas (y por tanto, menos autoritativas) de acercarnos a la cuestión, sobre todo en los casos más difíciles (hard cases).
El tercer problema, vinculado con la cuestión del castigo, se refiere a...