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CONSIDERACIONES

La constitución de 1991 establece la función de Control Fiscal, como una actividad independiente y autónoma de las demás actividades de la función estatal, lo cual solo obedece a un criterio garantista, de división y especialización de las tareas publicas, por ello la jurisprudencia constitucional la ha definido como:
“… el instrumento idóneo para garantizar el cabalcumplimiento de los objetivos constitucionalmente previstos para las finanzas del Estado. A partir de tal definición, ha señalado que el ejercicio de esa atribución implica un control sobre la administración y manejo de los bienes y fondos públicos, en las distintas etapas de recaudo o adquisición, conservación, enajenación, gasto, inversión y disposición, con el propósito de determinar si las diferentesoperaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce la gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados o señalados por el Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran recursos públicos y,finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración. El control fiscal se ejerce, por mandato expreso de la Constitución, en forma posterior y selectiva, conforme a los procedimientos, sistemas y principios que defina el legislador, y debe incluir el ejercicio de un control financiero, de gestión y deresultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. Los artículos 267 y 272 de la Constitución Política le asignan a la Contraloría General de la República y a las contralorías de las entidades territoriales -departamentales, municipales y distritales-, el ejercicio del control fiscal en Colombia”. (Sentencia C382-08 Corte Constitucional).Con el presupuesto de la norma constitucional que dota la competencia a las Contralorías para establecer la responsabilidad que se pueda generar por el desarrollo de la gestión fiscal, se le han entregado unas herramientas básicas desarrolladas en la Ley 610 de 2000 que le permite a los diferentes funcionarios de la contraloría ejercen la función de investigar las posibles conductas en contra delheraldo publico para establecer la responsabilidad fiscal de los mismo por ello el articulo 5 de la Ley en mención fijo los criterios por los cuales se puede inferir una responsabilidad fiscal así:

- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.
- Un daño patrimonial al Estado.
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Al tenor de lodispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de 2000, se deben dar unos presupuestos procesales que permitan al investigador establecer claramente la posible responsabilidad o la existencia de un daño patrimonial a fin de proceder a la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, por ello la evaluación fáctica que debe desarrollarse en virtud a la comisión otorgada debe de ser clara y precisa a finde contar con los elementos probatorios
necesarios para dar inicio a la actuación procesal, pero de no contarse con el suficiente material probatorio que permita establecer una presunta responsabilidad fiscal o de no contar con la calidad de gestor fiscal, bien sea en la etapa de indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal y de cumplirse lo establecido en el articulo 16 de laLey 610 de 2000 se puede dar la cesación de la acción que establece que “… procederá el archivo del expediente… cuando se demuestre que el hecho no existió o que no es constitutivo de daño patrimonial al estado o no comporta el ejercicio de gestión fiscal o se acredite la presencia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o parezca demostrado que el daño investigado ha sido resarcido....
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