Administrativo Derecho
Páginas: 6 (1406 palabras)
Publicado: 26 de octubre de 2012
Se ha publicado la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" (Diario Oficial 47.956 de 18/01/2011, página 1), que reemplaza al Decreto 01 de 1984 y sus modificaciones.
Conforme su propio articulado, entrará a regir "… regir el dos (2) de julio del año 2012" (inc. 1, art. 308), pero no afectará ni las actuaciones ni losprocedimientos en curso.
"Artículo 308, L. 1437. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y lasactuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior."
No debe olvidarse que es un código, por tanto, las normas que expresamente no aparecen en su texto dejan de tener vigencia, bajo reglas de hermenéutica que todo operador jurídico debería conocer (para unaintroducción al tema, ver mi nota "La derogación consecuencia de la expedición de Códigos y regímenes integrales").
Muchas cosas del nuevo código resultan familiares a quienes ya hemos trabajado en el terreno de lo contencioso administrativo, y se observa un intento de reorganizar los temas.
El nuevo código contiene dos partes solamente: la primera sobre procedimiento administrativo, y la segundasobre la organización de la jurisdicción contencioso administrativa, presente a partir del artículo 103.
Las formas de iniciar la actuación administrativa no varían. Este Código incluye un apartado de deberes y derechos de las personas, obligando a las autoridades a plazos mínimos de atención al público. El medio para peticiones y quejas se extiende a todos los medios disponibles (fax, correoelectrónico, etc.). Llama la atención reglas como aquella, necesarísima, que prohibe que el público sea atendido por personal no capacitado (num. 7, art. 9) y el deber de las autoridades de decidir conforme el precedente judicial aplicable (que puede ser invocado mediante el procedimiento especial del art. 102) y, además, de decidir de forma uniforme., quedando un aparte para el trámite deimpedimentos y recusaciones funcionales, lo mismo que de los conflictos de interés. De esto último queda un caso que vale la pena mencionar, el concepto previo:
"Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido.Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:
(…)
11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta comoapoderado, Agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración.
(…)"
Parece que la opinión académica, es decir, en ejercicio docente, queda cobijada por esta hipótesis.
El título II de esta parte primera se ocupa delderecho de petición, incluyendo el que se ejerce frente a entidades privadas, siempre que esté relacionado con el ejercicio de derechos fundamentales, y sujeto a reglas como las del derecho de petición frente a entidades públicas (art. 32) y se crea también el derecho de petición de usuarios (art. 33). Esta figura no es creación legal, ya venía reconociéndose en la jurisprudencia constitucional...
Conforme su propio articulado, entrará a regir "… regir el dos (2) de julio del año 2012" (inc. 1, art. 308), pero no afectará ni las actuaciones ni losprocedimientos en curso.
"Artículo 308, L. 1437. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y lasactuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior."
No debe olvidarse que es un código, por tanto, las normas que expresamente no aparecen en su texto dejan de tener vigencia, bajo reglas de hermenéutica que todo operador jurídico debería conocer (para unaintroducción al tema, ver mi nota "La derogación consecuencia de la expedición de Códigos y regímenes integrales").
Muchas cosas del nuevo código resultan familiares a quienes ya hemos trabajado en el terreno de lo contencioso administrativo, y se observa un intento de reorganizar los temas.
El nuevo código contiene dos partes solamente: la primera sobre procedimiento administrativo, y la segundasobre la organización de la jurisdicción contencioso administrativa, presente a partir del artículo 103.
Las formas de iniciar la actuación administrativa no varían. Este Código incluye un apartado de deberes y derechos de las personas, obligando a las autoridades a plazos mínimos de atención al público. El medio para peticiones y quejas se extiende a todos los medios disponibles (fax, correoelectrónico, etc.). Llama la atención reglas como aquella, necesarísima, que prohibe que el público sea atendido por personal no capacitado (num. 7, art. 9) y el deber de las autoridades de decidir conforme el precedente judicial aplicable (que puede ser invocado mediante el procedimiento especial del art. 102) y, además, de decidir de forma uniforme., quedando un aparte para el trámite deimpedimentos y recusaciones funcionales, lo mismo que de los conflictos de interés. De esto último queda un caso que vale la pena mencionar, el concepto previo:
"Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido.Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:
(…)
11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta comoapoderado, Agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración.
(…)"
Parece que la opinión académica, es decir, en ejercicio docente, queda cobijada por esta hipótesis.
El título II de esta parte primera se ocupa delderecho de petición, incluyendo el que se ejerce frente a entidades privadas, siempre que esté relacionado con el ejercicio de derechos fundamentales, y sujeto a reglas como las del derecho de petición frente a entidades públicas (art. 32) y se crea también el derecho de petición de usuarios (art. 33). Esta figura no es creación legal, ya venía reconociéndose en la jurisprudencia constitucional...
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