Amparo y constitucion

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Título: Amparo y control de constitucionalidad

Autor: Pérez Hualde, Alejandro

Publicado en: LA LEY 2005-A, 1253


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SUMARIO: I. Antecedentes. - II. La nueva jurisprudencia de la Corte Suprema. - III. Conclusiones.

"El núcleo esencial de la actividad jurisdiccional está configurado por el control deconstitucionalidad" (1).

La naturaleza jurídica de remedio de rango constitucional que posee la acción de amparo, acreditada tanto por su origen histórico de interpretación directa como por su inclusión expresa actual en el art. 43 CN, pareciera excluir toda duda acerca de su aptitud para servir de vehículo para que en sede judicial, de ser necesario para la solución del caso, el juez puedadeclarar la inconstitucionalidad de normas de alcance general como leyes, decretos y ordenanzas, siempre que éstas sostengan al acto atacado. La doctrina ha calificado de "absurdo" pensar que "en un juicio que califica el cumplimiento de los preceptos constitucionales, no pudiera declararse la inconstitucionalidad" (2).

La cuestión debatida es: ¿cabe el ejercicio del control de constitucionalidadatribuido a los jueces dentro del marco de la resolución de la vía expedita y excepcional de la acción de amparo?

No obstante las respuestas expresas de la legislación, primero, y de la Constitución, después, la solución doctrinaria y jurisprudencial no ha sido pacífica y continúa mereciendo el análisis en casos muy recientes de nuestro Máximo Tribunal Nacional, en especial, en los recientes casos"Provincia de San Luis" (3), "Cabrera" (4) y "Bustos" (5).

I. Antecedentes

Desde los mismos principios de la instauración legal de la vía de acción de amparo como remedio excepcional, por su velocidad y eficacia, para la defensa "contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional" (6), se temió que su empleo pudiera dirigirse hacia la obtención de la declaración de inconstitucionalidad de normas de alcance general. Se tuvo la expresa prevención de "que este noble remedio excepcional pueda engendrar la falsa creencia de que cualquier cuestión litigiosa tiene solución por esta vía; opero aún, que mediante ella es dable obtener precipitadas declaraciones de inconstitucionalidad" (7).

Consecuentemente, la ley 16.986 (Adla, XXVI-C, 1491) estableció que "la acción de amparo no será admisible cuando:... la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas"(8).

Pero tanto la doctrina como la jurisprudencia entendieron que esa norma "era claramente inconstitucional, en la medida en que pretendía impedir a los jueces el ejercicio de una función propia, nada menos que en un proceso de garantías constitucionales" (9).

Si bien se registran antecedentes jurisprudenciales desde la misma fecha en que se sancionó la ley de amparo (10), es-especialmente- desde el caso "Peralta" (11) que la Corte Suprema define terminantemente el "carácter no absoluto de ese principio" y destaca cómo "cuando las disposiciones de una ley, decreto u ordenanza resultan claramente violatorias de alguno de los derechos fundamentales, la existencia de reglamentación no puede constituir obstáculo para que se restablezca de inmediato a la persona en el goce de lagarantía constitucional vulnerada, porque de otro modo bastaría que la autoridad recurriera al procedimiento de preceder su acto u omisión arbitrarios de una norma previa -por más inconstitucional que ésta fuese- para frustrar la posibilidad de obtener en sede judicial una oportuna restitución del ejercicio del derecho esencial conculcado" (12).

La doctrina ha considerado al fallo "Peralta" como un...
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