Análisis De La Ley Penal Del Ambiente

Con la promulgación el 2 de mayo en Gaceta Oficial número 39913 de la Ley Penal del Ambiente, sobre los empleados públicos recae mayor posibilidad de ser responsabilizados como agentes causales de daño ambiental, sobre todo por su papel en el otorgamiento de permisos para prácticas que deterioren la naturaleza.
El nuevo instrumento legal, que deja sin efecto la ley ambiental de 1992, tiene unapartado exclusivo dedicado a la responsabilidad de los funcionarios. Allí se detallan dos acciones: autorización de actividades tipificadas como delitos ambientales y obstrucción de la justicia al suministrar información falsa, omitir o adulterar datos, obstaculizar la labor del Ministerio Público o de órganos de investigación y permitir el incumplimiento de obligaciones ambientales en losprocedimientos encomendados. “La ley establece responsabilidades, culpabilidad y sanciones a los funcionarios que no hagan el manejo adecuado de los permisos, supervisiones y operaciones en su ejercicio”,
La antigua ley, en el artículo 34, mencionaba la responsabilidad del funcionario en cuanto al otorgamiento de autorizaciones para la construcción de obras y desarrollo de actividades no permitidas queafectaran la ordenación de territorio, los lechos, vegas y planicies inundables de los ríos o cuerpos de agua. Las máximas sanciones que se atribuían en ese caso eran 1 año de prisión y 1.000 días de salario mínimo. “Por primera vez el funcionario responde claramente a los permisos que proporciona y se les obliga a solicitar estudios de impacto ambiental antes de dar las autorizaciones”.
Cuandose autorice alguna obra sin la entrega de los estudios de impacto ambiental, la sanción establece arresto de tres meses a un año, así como la inhabilitación de sus funciones hasta por dos años después del cumplimiento de la condena. En el caso del delito tipificado como propagación de enfermedad en animales o plantas, el empleado público que no tome medidas inmediatas será condenado a prisión porun período de seis meses a dos años.
Esta reforma de la Ley Penal del Ambiente aumentó de 36 a 78 el número de delitos ambientales.
El artículo 127 de la Constitución de la República establece lo siguiente:
“El derecho de contar con un ambiente sano, seguro y equilibrado y el deber de preservarlo”.
El reglamento reordena los hechos punibles y actualiza la lista de delitos, de acuerdo con loque se ha constatado en las investigaciones científicas. “En los últimos 20 años en el país y en el mundo se ha intensificado el daño al ambiente y se ha tenido conciencia de la carga destructiva de algunas acciones, como la explotación de hidrocarburos, el crecimiento poblacional descontrolado y la anarquía en el ordenamiento del territorio”.
Las sanciones principales por el incumplimientoincluyen prisión, disolución de la persona jurídica, multa en unidades tributarias y desmantelamiento de las instalaciones. Los funcionarios serán sancionados con las penas correspondientes al delito, aumentadas al doble. “El Estado tiene la estructura para hacer cumplir la ley. Lo primordial es contar con la voluntad política para ejercerla e invertir en políticas públicas ambientales”.
Por su partecomo objetivo fundamental encontramos que la presente Ley faculta estrictamente a los organismos competentes para aplicar las multas y/o penas de prisión por los delitos de inmovilización de navíos; vertido de hidrocarburos; emisión de gases capaces de deteriorar la atmósfera; instalación de dispositivos contaminantes; violación de normativas para la protección de la capa de ozono; disposiciónindebida de desechos sólidos no peligrosos, manejo de los desechos peligrosos sin riesgo; importación de desechos peligrosos; manejo indebido de desechos peligrosos, manejo de instrumentos capaces de emitir radicaciones ionizantes; que generen epidemias o propaguen enfermedades en la flora y en la fauna transmisibles o no a los humanos, entre otros.
Sumado a lo anteriormente dicho la Ley...