Analisis jurisprudencial

ANALISIS JURISPRUDENCIAL

I. IDENTIFICACION DE LA SENTENCIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA
ACCION POPULAR
CONSEJERO PONENTE: ENRIQUE GIL BOTERO
FECHA: Bogotá, treinta (30) de agosto de 2007
RADICACION: 88001233100020040000901
DEMANDANTE: JAIME MIGUEL TORRES PADILLA
DEMANDADO:DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES Y OTROS
II. HECHOS RELEVANTES

3.1. HECHO CONCRETO
El hecho concreto narrado en la demanda es dar a conocer la conducta fraudulenta de los demandados, quienes por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones se han aprovechado de la exención tributaria de que goza el Departamento Archipiélago de San Andrés en materia de IVA,simulando que envían productos de las licoreras de Antioquia y Caldas a éste destino, cuando en realidad son desviados a otros departamentos del territorio nacional, termino denominado como triangulación de licores.

III. FALLOS DE INSTANCIA

4.2. Primera Instancia (Tribunal Administrativo de San Andrés Providencia y Santa Catalina)
El fallador de primera instancia accedió, enparte, a las súplicas de la demanda, protegiendo el derecho colectivo a la moralidad administrativa y exhortando al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -Grupo de Rentas Departamentales-, a legalizar las tornaguías (medio para autorizar y controlar la entrada, salida y movilización de productos gravados con el impuesto al consumo) dentro del término legal de 15 díasy prevenir a la DIAN a fin de que ejerza las funciones de ente fiscalizador y de control dentro del ámbito de su competencia.
3.2 Segunda Instancia (Consejo de Estado)
En cuanto al tema referente a la moralidad administrativa que es el que interesa para nuestro estudio, la Sala, concluyó como lo ha hecho en ocasiones anteriores que: “ no todo desconocimiento a la ley vulnera la moralidadadministrativa, situación que acontece en este caso, en el cual, si bien es cierto la norma aplicable establece un término en el cual la administración debe actuar -y de hecho así debe hacerlo-, esta violación no entraña la afectación a la moralidad, como derecho colectivo”.
Para la Sala deviene claro, que en este tipo de casos debe distinguirse “entre la pura y simple violación a la ley, de laafectación material a la moralidad pública”. En el primer evento, su trasgresión implica la necesidad de reparar, por los medios idóneos dispuestos por el ordenamiento jurídico para tal fin y en el segundo además de la trasgresión se presentan una afectación a la moral pública.
Así las cosas, para el caso en particular la Sala estima que la inobservancia del término que tiene la administraciónpara actuar (15 días siguientes a la fecha de su expedición toda tornaguía deberá ser legalizada) no implica la violación al derecho colectivo, sino por el contrario una transgresión a la norma que no pone en riesgo a la moral, aunque sí la responsabilidad personal de los funcionarios. Por lo tanto, a criterio de la Sala colectivizar toda trasgresión a la ley éste derecho a los demás,incluidos sus correspondientes mecanismos de acción. Por lo que la Sala de esa Corporación decidió revocar lo decidido por el a quo en primera instancia. (Protéjase el derecho colectivo a la moralidad administrativa del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina –Grupo de Rentas Departamentales, conmínese para que, realice las legalizaciones de las Tornaguías, dentro del términolegal establecido en el Decreto 3071 de Diciembre 23 de 1997)
Finalmente, en cuanto al acto de corrupción, denunciado por el demandante, que indiscutiblemente vulneraria el derecho colectivo a la moralidad administrativa, manifiesta la Sala que requiere de un caudal probatorio mayor que la simple denuncia o afirmación de la realización de tal conducta y por no encontrarse probado dentro del...