Antropolgia social

3.2.2. El estudio de constitucionalidad del artículo 158 de la ley 1098 de 2006.
 
53. Afirma el actor que los apartes acusados del artículo 158 del C.I.A. son inconstitucionales por violación del derecho de igualdad, con lo que además se desconoce el deber establecido en el artículo 250 constitucional para la Fiscalía, de perseguir el delito y acusar a sus responsables sin que se discrimineentre los responsables del mismo. En este sentido, no encuentra justificación para que el legislador haya incluido la regla de que la no comparecencia del menor infractor a la etapa de juzgamiento, fuerza a suspender el proceso y por tanto a extender el término de la prescripción de la acción en un tercio. Porque, en su opinión, el juicio en ausencia del menor no impide alcanzar el propósito deproteger al menor del ambiente de delincuencia, ni de orientarlo hacia el respeto de las normas de convivencia, y tampoco veda las opciones de ordenar como forma de establecer la responsabilidad, las medidas que resulten más convenientes al adolescente juzgado.
 
El Instituto de Bienestar Familiar, después de considerar los ingredientes que componen el debido juzgamiento del menor y de reconocerque el deber de la Fiscalía no se encuentra restringido, propone entre líneas una declaratoria de constitucionalidad condicionada, por cuya virtud el precepto se interprete en el entendido de que el adolescente que no comparezca al proceso dentro del sistema de responsabilidad penal, deba en todo caso estar representado por un defensor técnico que le asista en el juicio y garantice la opción dedemostrar su inocencia, honra y buen nombre.
 
Algo semejante ocurre con la intervención del Ministerio del Interior y de Justicia, al señalar que el problema propuesto por el actor se soluciona interpretando la norma de modo tal que se entienda así: Primero, que la suspensión del proceso penal solo opere en los casos en que el adolescente implicado esté debidamente identificado y ubicado por elEstado y no pueda comparecer en la etapa de juzgamiento para ejercer su derecho a la defensa material, por causas no imputables a él. Segundo, que la prescripción de la acción se interrumpa hasta tanto el adolescente procesado comparezca al proceso. Dos proposiciones interpretativas con las que estima se  resuelve la posible discriminación observada en cuanto a las condiciones de juzgamiento deladulto respecto del adolescente.  
 
Por su parte, el Procurador General de la Nación estima que el precepto es constitucional pues representa los criterios constitucionales que rigen el trato de los menores y su legítima y necesaria diferenciación respecto de los adultos.
 
54. Como quiera que el problema jurídico planteado hace referencia a la violación de la igualdad, pasa la Corte a revisarbrevemente algunos las líneas generales de la jurisprudencia constitucional sobre este asunto.
 
55. Conforme a la reciente sentencia C-748 de 2009, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la compleja naturaleza jurídica de la igualdad, como derecho y como principi. De manera reiterada se ha dicho que la igualdad en sus distintas manifestacione, “constituye el fundamentoinsustituible del ordenamiento jurídico que emana de la dignidad humana, pues se deriva del hecho de reconocer que todas las personas (…) tienen derecho a exigir de las autoridades públicas un mismo trato y por lo tanto merecen la misma consideración con independencia de la diversidad que exista entre ellas.
 
56. Ahora bien, el mandato derivado del derecho constitucional fundamental a la igualdadcomporta un “trato igual frente a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un trato diferente, y un mandato de tratamiento desigual que obliga a diferenciar entre situaciones diferentes y a otorgar un trato disímil, siempre que éste resulte razonable y conforme con los valores y principios constitucionales. Por ello se reconoce como un concepto...