ARANCEL JUDICIAL EN COLOMBIA
Páginas: 5 (1243 palabras)
Publicado: 23 de mayo de 2015
ARANCEL JUDICIAL
La Corte Constitucional, determinó la inconstitucionalidad de la ley 1653 de 2013 porque ésta representaba un sacrificio desproporcionado de los principios de equidad y progresividad tributaria y, en consecuencia, afectaban los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, especialmente por cuanto obligaba al pago anticipado del arancel, lo que constituyó una barrera deacceso a la administración de justicia..
El Arancel Judicial es una contribución parafiscal creada como un factor de ingreso público a favor de la Rama Judicial que constituye una excepción a la gratuidad de la justicia. En comparación con la ley 1394 de 2010, la ley 1653 de 2013 amplió el hecho generador de procesos con monto de pretensiones de 200 o más SMLMV a cualquier proceso conpretensiones dinerarias (sin perjuicio de las excepciones consagradas en ambas normas); modificó la base gravable pasándola de condenas por sumas de dinero a las pretensiones planteadas en la demanda; determinó el pago previo a la presentación de la demanda –que de no hacerse conduciría a su inadmisión-; redujo la tarifa y, entre otras modificaciones más, amplió la destinación de recursos de ladescongestión a la implementación de la oralidad.
Estas disposiciones buscaban tener como efecto, entre otras, el aumento del recaudo del arancel con miras a generar escenarios de mayor inversión en oralidad y descongestión para todas las jurisdicciones, específicamente para la implementación de los nuevos Códigos.
La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1653 del 2013 (En la sentencia c-169/2014), mediante la cual se reformó la regulación para el cobro del arancel judicial (Ley 1394 del 2010), por violar el derecho a la igualdad.
En la norma se establecía que en todos los litigios con pretensiones dinerarias el accionante debía consignar el 1,5 % del valor reclamado, hasta un máximo de 200 salarios mínimos mensuales.
Según la disposición retirada del ordenamiento legal, estos dinerosdebían ser consignados antes de la presentación de la demanda, excepto en procedimientos arbitrales, penales, laborales, de familia, de menores, liquidatarios o de insolvencia, entre otros.
Pese a que la demanda buscaba que se dejaran sin efectos los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, la Sala Plena optó por declarar inexequible toda la ley, por considerar que era violatoria del derecho a la igualdad.Cabe resaltar que esta norma había derogado la Ley 1394 del 2010, a través de la cual se estableció que el arancel aplicaba a los procesos con pretensiones dinerarias que superaran los 200 salarios mínimos, salvo las actuaciones ya reseñadas, y que su pago debía hacerse efectivo tras la culminación del proceso. Además, la tarifa era del 2 % del valor pretendido.
Es necesario aclarar que elarancel no fue declarado inexequible, pues esta contribución parafiscal se creó a través de la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 1285 del 2009).
Se destaca que tanto en la demanda al arancel judicial como en la referida al periodo del Fiscal General el alto tribunal acogió los conceptos presentados por el Procurador General de la Nación.
La Corte considera que elarancel judicial regulado por la Ley 1653 de 2013 no está sujeto a la reserva de ley estatutaria en virtud del artículo 152 literal a) de la Constitución Política. Primero, ni el artículo 152 de la Carta, ni ningún otro artículo, establecen expresa y taxativamente que el arancel judicial, en alguna de sus modalidades, deba regularse mediante ley estatutaria. Segundo, el arancel judicial no es por símismo un derecho fundamental. Podría decirse que, sin embargo, supone una interferencia en los derechos fundamentales a acceder a la justicia y a la defensa, y ese es un criterio para determinar si un asunto se somete a la reserva, pero no es suficiente. Es necesario preguntarse, además, si en tercer lugar desarrolla y complementa cualificadamente los derechos fundamentales, y la respuesta en...
La Corte Constitucional, determinó la inconstitucionalidad de la ley 1653 de 2013 porque ésta representaba un sacrificio desproporcionado de los principios de equidad y progresividad tributaria y, en consecuencia, afectaban los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, especialmente por cuanto obligaba al pago anticipado del arancel, lo que constituyó una barrera deacceso a la administración de justicia..
El Arancel Judicial es una contribución parafiscal creada como un factor de ingreso público a favor de la Rama Judicial que constituye una excepción a la gratuidad de la justicia. En comparación con la ley 1394 de 2010, la ley 1653 de 2013 amplió el hecho generador de procesos con monto de pretensiones de 200 o más SMLMV a cualquier proceso conpretensiones dinerarias (sin perjuicio de las excepciones consagradas en ambas normas); modificó la base gravable pasándola de condenas por sumas de dinero a las pretensiones planteadas en la demanda; determinó el pago previo a la presentación de la demanda –que de no hacerse conduciría a su inadmisión-; redujo la tarifa y, entre otras modificaciones más, amplió la destinación de recursos de ladescongestión a la implementación de la oralidad.
Estas disposiciones buscaban tener como efecto, entre otras, el aumento del recaudo del arancel con miras a generar escenarios de mayor inversión en oralidad y descongestión para todas las jurisdicciones, específicamente para la implementación de los nuevos Códigos.
La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1653 del 2013 (En la sentencia c-169/2014), mediante la cual se reformó la regulación para el cobro del arancel judicial (Ley 1394 del 2010), por violar el derecho a la igualdad.
En la norma se establecía que en todos los litigios con pretensiones dinerarias el accionante debía consignar el 1,5 % del valor reclamado, hasta un máximo de 200 salarios mínimos mensuales.
Según la disposición retirada del ordenamiento legal, estos dinerosdebían ser consignados antes de la presentación de la demanda, excepto en procedimientos arbitrales, penales, laborales, de familia, de menores, liquidatarios o de insolvencia, entre otros.
Pese a que la demanda buscaba que se dejaran sin efectos los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, la Sala Plena optó por declarar inexequible toda la ley, por considerar que era violatoria del derecho a la igualdad.Cabe resaltar que esta norma había derogado la Ley 1394 del 2010, a través de la cual se estableció que el arancel aplicaba a los procesos con pretensiones dinerarias que superaran los 200 salarios mínimos, salvo las actuaciones ya reseñadas, y que su pago debía hacerse efectivo tras la culminación del proceso. Además, la tarifa era del 2 % del valor pretendido.
Es necesario aclarar que elarancel no fue declarado inexequible, pues esta contribución parafiscal se creó a través de la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 1285 del 2009).
Se destaca que tanto en la demanda al arancel judicial como en la referida al periodo del Fiscal General el alto tribunal acogió los conceptos presentados por el Procurador General de la Nación.
La Corte considera que elarancel judicial regulado por la Ley 1653 de 2013 no está sujeto a la reserva de ley estatutaria en virtud del artículo 152 literal a) de la Constitución Política. Primero, ni el artículo 152 de la Carta, ni ningún otro artículo, establecen expresa y taxativamente que el arancel judicial, en alguna de sus modalidades, deba regularse mediante ley estatutaria. Segundo, el arancel judicial no es por símismo un derecho fundamental. Podría decirse que, sin embargo, supone una interferencia en los derechos fundamentales a acceder a la justicia y a la defensa, y ese es un criterio para determinar si un asunto se somete a la reserva, pero no es suficiente. Es necesario preguntarse, además, si en tercer lugar desarrolla y complementa cualificadamente los derechos fundamentales, y la respuesta en...
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