cafferatta nores

Cafferata Nores, Jose; “Proceso Penal y Derechos Humanos”

Capítulo IV

15. Nuevo paradigma de procuración y administración de justicia penal
Lo expuesto hasta aquí nos permite concluir en la existencia de un nuevo paradigma1 de procuración y administración de justicia penal en la Argentina, fruto de la incorporación a la Constitución Nacional de los principales pactos y declaracionesinternacionales sobre derechos humanos (art. 75, inc. 22) y de los principios que los informan. Esta normativa supranacional y su interpretación por los organismos regionales encargados de su aplicación (véase punto 2), no sólo ha acrecentado el catálogo de las garantías procesales expresas ya existentes, con un sentido bilateral (véase apartado 3. c), sino que ha enfatizado sobre su carácter general,acentuando la importancia que, tanto internacionalmente como dentro de nuestro mismo territorio se le atribuye a un sistema judicial que las priorice, y que proteja el interés de la víctima (y su derecho a reclamar y obtener justicia, considerado la “razón principal” de la persecución penal, véase apartado 3.c) pero sin "confiscarlo" en nombre de un "interés estatal" (que genera la ficción del"Estado víctima"), y no esté dispuesto a cumplir el objetivo de castigar el delito por cualquier medio o a cualquier costo (véase punto 3).
El nuevo paradigma está “diseñado” sobre la base del equilibrio entre el monopolio del uso del poder penal y la fuerza por parte del Estado, y las herramientas acordadas al ciudadano para requerir la intervención estatal en protección o restauración de susderechos vulnerados por el delito, o para resistir o limitar aquel poder, o prevenirse o defenderse de sus excesos. A la par que rescata un papel central para la víctima, amparando su actuación como acusador en el derecho a la tutela judicial efectiva expresamente previsto en la normativa supranacional (v. gr., arts. 1.1, 8.1 y 25, CADH) reconociendo a la lesión a su derecho o interés concreto comola base primera e insustituible del ejercicio del poder punitivo estatal (véase apartado 5. b), también perfecciona y hace expresos los derechos acordados al penalmente perseguido y sus garantías2.

15. a. Modelo acusatorio
En lo estrictamente procedimental, este paradigma se proyecta en un modelo acusatorio3 del proceso penal pues, como se puede ver, la incorporación a la Constitución Nacional,y a su mismo nivel, de los más importantes instrumentos y tratados supranacionales sobre derechos humanos (art. 75, inc. 22, CN) ha dejado este punto esencial afuera no sólo del campo de la interpretación jurídica sino también del campo de la libre reglamentación procesal, habiéndose convertido en texto expreso, indiscutible, inalterable y obligatorio para la legislación infraconstitucional4(véase punto 10).
El modelo procesal del nuevo sistema constitucional (véase punto 1) parte de la base de la acusación (arts. 60 y 115, CN; art. 8.1, CADH), la que según su significado idiomático no sólo consiste en imputar un delito, exponer cargos contra una persona, sino también –como la define el Diccionario de la Lengua Española– "exponer las pruebas de los mismos", "demostrar en un pleito laculpabilidad del procesado, mediante pruebas acusatorias". Pero la normativa supranacional avanza en definiciones al establecer que dicha acusación debe ser objeto de "substanciación" (art. 8.1, CADH; art. 14.1, PIDCP), es decir conducida "por la vía procesal adecuada, hasta ponerla en estado de sentencia" que dictará un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido conanterioridad por la ley (art. 8.1, CADH; art. 15.1, PIDCP). Éste, luego de oír públicamente (art. 8.1, CADH; art. 14.1, PIDCP) al acusado y habiéndole asegurado el respeto a su dignidad personal y a sus derechos, su plena igualdad con el acusador, y todas las garantías necesarias para su defensa (arts. 10 y 11.1, DUDH) lo juzgará (art. 14.3.c, PIDCP). Juzgar es deliberar acerca de la culpabilidad del...