casa

En marzo de 2006, la Junta Directiva de la enlatadora de Puerto Colón, única
empresa grande de la población pesquera del mismo nombre, se encontraba
reunida discutiendo su frágil escenariofinanciero. Factores como la
disminución de las capturas, las trabajas regulatorias para la importación de
insumos y repuestos, la regulación de los precios de los alimentos enlatados
y ladesmotivación de los socios para invertir más capital ante la
incertidumbre del sector, los llevaban a preguntarse si debían cerrar la planta.
La semana anterior, un grupo de activistas ambientales yestudiantes habían
protestado frente a la sede de las autoridades locales, denunciando los efectos
contaminantes de la planta, y amenazaban con continuar las protestas si no
tomaban acciones contra laempresa. La prensa local había reseñado la
noticia y se escuchaba que otros medios comprobarían las denuncias. Aunque
estaban conscientes de que había procedimientos que se debían corregir, losrepresentantes de la empresa pensaban que las protestas eran exageradas y
que la apertura de una investigación ambiental precipitaría la decisión de
cierre.
El cierre significaría un duro golpepara los empleados y los pescadores, ya
que era la única fuente de empleo de la comunidad. La empresa tenía más de
tres décadas de fundada y la dinámica del pueblo se movía alrededor de ella,incluyendo episodios como el apoyo de la enlatadora a las solicitudes de los
habitantes para la reparación de la escuela y el dispensario y la realización de
eventos deportivos y fiestas religiosas,entre otros. Hacía ya varios meses que
los rumores de cierre habían extendido entre los trabajadores y la comunidad.
El malestar se manifestaba en distintas formas desde “grafitis” en las paredesen contra de la planta, hasta cartas de la asociación de mujeres pidiendo que
reconsideraran su decisión.
Ante esta conmoción, algunos dirigentes políticos vieron la oportunidad de
reclamar...