Caso Rizzo

Una sentencia ejemplar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
Comentario al fallo Rizzo, Jorge G. (Apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/Acción Amparo c/Poder Ejecutivo Nacional[1]
Pablo Daniel Sanabria[2]
1. Introducción [arriba] -
El pasado 18 de junio de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado una sentencia de trascendencia histórica en la causa “Rizzo”,donde, al declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 26.855 de reforma del Consejo de la Magistratura, tuvo oportunidad de reafirmar una serie de principios medulares de nuestro ordenamiento constitucional.
En efecto, si bien el fallo resolvió un caso concreto, pronunciándose sobre la recta configuración constitucional que le corresponde al Consejo de la Magistratura dentro del sistema judicialargentino, su nota de ejemplaridad viene dada por el tratamiento que ha dado a temas más generales vinculados con la teoría del poder constituyente, el principio de la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad que corresponde ejercer en cada caso concreto a los jueces de la república.
2. La controversia planteada con la sanción de la Ley N° 26.855 [arriba] -
Bajo el controvertidolema de “democratización de la justicia”, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura, junto con otros dos proyectos, uno sobre limitación de medidas cautelares contra el Estado[3] y el otro de creación de tres Cámaras de Casación[4].
No obstante las críticas fundadas, provenientes de los más diversossectores que advirtieron sobre la manifiesta inconstitucionalidad de la norma proyectada, el proyecto de reforma de la ley del Consejo fue rápidamente aprobada por ambas Cámaras del Congreso[5] y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de mayo del corriente año[6].
La promulgación de la Ley N° 26.855, y su entrada en vigencia, provocó una catarata de demandas judiciales presentadas por distintoscolegios y asociaciones de abogados, abogados particulares, asociaciones de magistrados, partidos políticos y académicos, impugnando principalmente los arts. 2, 4, 18 y 30 de dicha normativa, en tanto, por su intermedio se buscaba desarticular todos los mecanismos de contención previstos en el texto constitucional rompiendo con las premisas de representatividad estamental, equilibrio e independenciaen la composición del Consejo.
En concreto, los distintos actores impugnaron la normativa por cuanto:
i. La ley eliminaba absolutamente el contrapeso no político dentro del Consejo, y se transforma el requisito de la representación estamental de los abogados, jueces y académicos en una simple condición de elegibilidad de los candidatos. De tal modo, el Consejo pasaría a estar integrado por un únicoestamento hegemónico cuya legitimidad proviene, directa o indirectamente, de la elección popular.
ii. La ley desarticulaba abiertamente la despolitización buscada por el constituyente en la integración del organismo. Con la nueva norma, para acceder al cargo de consejero en representación de los estamentos no políticos, sería necesario ser elegido por el pueblo de la Nación por medio de sufragiouniversal en elecciones generales y bajo la órbita de un partido político que, además, debía ser uno que compita con el mismo nombre o denominación en 18 de las 24 jurisdicciones del país.
Como consecuencia de ello, los distintos actores manifestaron que todo lo bueno que fue buscado por el constituyente en términos de independencia del Consejo en procura de un cambio respecto del sistema deselección y remoción de jueces anterior a la reforma del año 1994, quedaba desactivado por una ley ordinaria del Congreso, cuya entrada en vigencia repercutiría, inevitablemente, en una evidente politización del cuerpo que se vería, a partir de ese momento, directamente condicionado por los intereses partidarios de las mayorías de turno.
Una particularidad que debe ser destacada, es que las demandas...