Contratación publica

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Juan José Castro Muñoz.
Ricardo Francisco Ochoa Cadavid.
Régimen contractual de las universidades públicas.
Contratos Estatales.
 
Estipula la Constitución Política colombiana en el artículo número 69: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley(...) La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado (...)”.
 
De lo  anterior se afirma que por expreso mandato Constitucional, las universidades gozarán de un “régimen especial” que inicialmente es indeterminado, pero que entra a solucionar y a regular de manera expresa, la ley 30 del año 1992. Esto sin detrimento a que la ley 489 de 1998 dentro de su artículo 40,establece que las entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial (dentro de ello los entes universitarios autónomos) se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes (ley 30 de 1992)
 
De esta manera, la ley de educación superior, consagra en su título tercero que trata sobre el régimen especial de las Universidades del Estado y de las otras institucionesde Educación Superior estatales u oficiales y más particularmente en el capitulo sexto sobre el régimen de contratación y control fiscal, la solución al mandato expreso constitucional sobre el régimen especial que estas deben tener:
 
“Artículo 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales uoficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos.
 
Parágrafo. Se exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y demás disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan.”
 
Asímismo, el Consejo de Estado, en una providencia de la sala de consulta y de servicio civil aclara aún más el tema: “En este orden de ideas, la Ley 30 de 1992 expidió el régimen especial ordenado por la Constitución para las universidades del Estado. Como parte de tal régimen se regula un sistema particular de contratación en el que por regla general son aplicables las normas de derecho privado… Setiene entonces que la Ley 80 de 1993 contiene el estatuto general de contratación para la Administración Pública; y, aunque cronológicamente es posterior a la Ley 30 de 1992, la Sala considera que esta normatividad es aplicable a los casos de contratación de las universidades estatales por cuanto se trata de un estatuto especial para tales entidades cuya expedición tuvo como fundamento un claroprincipio constitucional cual es el de la autonomía universitaria. Lo anterior también encuentra su fundamento en el principio de interpretación de la Ley contenido en el artículo 5o. de la Ley 153 de 1887 conforme al cual la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. Además, la Ley 80 de 1993 no reguló íntegramente la materia; por lo mismo, existe laposibilidad de que haya disposiciones anteriores relativas a materias especiales, como la Ley 30 de 1992 que conservan su vigencia… Sin embargo, debe aclararse que las instituciones estatales u oficiales de educación superior que no tengan el carácter de universidades deberán organizarse como establecimientos públicos del orden nacional, departamental, distrital o municipal (parágrafo, art. 57 Ley 30de 1992); en tal eventualidad les serán aplicables las normas de contratación previstas para la administración pública, contenidas en la Ley 80 de 1993.”
 
De igual manera, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa y autoritaria dentro de sus pronunciamientos, afirmando una vez más que las universidades públicas gozan de total y absoluta autonomía pero que se encuentran...