Controvesias jurisprudenciales de salud

.CONTROVERSIAS JURISPRUDENCIALES
DE LA RESPONSABILIDAD
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD
Carlos Pi;:¡¡rro Wilson

La ley N° 19.966, más conocida como Ley del Auge, consagró un régimen
de garantías en salud, dedicando un título a la responsabilidad en materia
sanitariaJ• En una serie de artículos se nonna la responsabilidad civil de hospitales públicos y, en general, de órganos de laadministración del Estado en
materia sanitaria, alcanzando, en ciertos aspectos, a los profesionales de la
salud'. Habiendo transcurrido seis años desde su implementación parece útil
realizar un análisis de la jurisprudencia a que ha dado lugar esa nonnativa
específica. Las sentencias, no tan numerosas como pudiera pensarse, arrojan
controversia sobre la naturaleza del trámite de mediación y otrasde índole
sustantiva. En ese mismo orden serán expuestas.

l. LA MEDIACIÓN

Las controversias de índole procesal se han centrado en la fonna de entender
el articulo 43 de la ley N° 19.966, cuyo texto exige someter el conflicto a
mediación obligatoria como un trámite habilitante al ejercicio de las acciones
iridemnizatorias, ya sea contra prestadores públicos o privados'.
, Publicada enel Diario Oflcill~ Santiago, 3 de septiembre de 2004.
Sobre esto, Carlos PIzARRO Wn.soN, "La responsabilidad civil de los hospitales públicos.
Una mirada a la ley del auge en perspectiva civil", en Estudios de Derecha CivillLJorntldas
nacionales de derecho ciz¡i~ Olmué. 2006, Santiago, LexisNexis, 2007, p. 401 Yss.
:3 Este precepto establece: "El ejercicio de las acciones jurisdiccionalescontra los prestadores
.institucionales públicos que fonnan las redes asistenciales definidas por el artículo' 16 bis del decreto
ley N° 2.763, de 1979, o sus funcionarios, para obtener la reparación delos daños ocasionados en
el cumplimiento de sus funciones de otorgamiento de prestaciones de carácter asistencial, requiere
que el interesado, previamente, haya sometido su reclamo a un procedimientode mediación ante
el CoUSE3o de DefensadelEstado, el que podrá designar como mediador a uno de sus funcionarios,
a otro en comisión de servicio o a un profesional que reúna los requisitos del artículo 54.
En el caso de los prestadores privados, los interesados deberán someterse a un procedimiento de mediación ante mediadores acreditados por la Superintendencia de Salud, conforme
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Carlos marro Mlson

Varias sentencias han considerado el trámite en forma obligatoria, acogiendo excepciones dilatorias interpuestas en que se denuncia el vicio, mientras
otras distinguen según el prestador de salud sea público o privado.
La Corte de Concepción sostuvo que:
"haberse sometido a un procedimiento de mediación es un trámite
previo e imperativo de procedencia de laacción de perjuicios, por lo
que [la] omisión del mismo acarrea una irregularidad procesal que,
sin afectar el fondo de la acción deducida, debe corregirse. Que no
lleva razón el juez en cuanto argumenta, para rechazar las excepciones, que la omisión anotada no acarrearia un perjuicio al articulista
ya que en cualquier estado del proceso podrian las partes transigir,
logrando el mismo objetivoperseguido por la mediación, puesto que
el procedimiento de mediación es no adversarial y tiene por objetivo
propender a que, mediante la comunicación directa entre las partes y
con intervención de un mediador, ellas lleguen a una solución extrajudicial de la controversia, según señala el artículo 43 inciso final de
la Ley 19.966, situación del todo diferente a una transacción"'.
En el mismosentido, asumiendo la naturaleza obligatoria del procedimiento de mediación se pronuncia, también, la sentencia de la Corte de Apelaciones
de Santiago:
"Que las normas sobre mediación, establecidas en el Párrafo Segrmdo
del Título III de la Ley 19.966, contemplan -como exigencia previa
a esta ley y el reglamento, procedimiento que será de cargo de las partes. Las partes deberán
designar de...