Delitos-penal ii

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Tít. XIX, del Lib. II. Consta de 9 capítulos : “De la prevaricación de los funcio-narios públicos y otros comportamientos injustos” (cap. 1º), “Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos” (II), “De la desobediencia y denegación de auxilio” (III), “De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos”(IV), “Del cohecho” (V), “Del tráfico de influencias” (VI), “De la malversación” (VII), “De los fraudes y exacciones ilegales” (VIII) y “De las negociaciones y activi-dades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función” (IX).
Consideraciones generales.
El bien jurídico protegido en estos delitos es el buen funcionamiento de la administración pública en todassus esferas.
Por autoridad o funcionario público hay que tener en cuenta el concepto que se da en el art. 24 del Código. A efectos penales el concepto de funcionario es más extenso que el que se recoge en el derecho administrativo.
Se trata de unos delitos que solo pueden cometer las autoridades o funcio-narios públicos, salvo alguna excepción que se especificará en su momento, por lo que seestá ante delitos especiales que pueden ser propios o impropios, según que el sujeto activo tenga que ser necesariamente un funcionario, o la condición de tal signifique un tratamiento penal más severo que si lo realizase un particular. Dentro de los propios se pueden distinguir comunes o especiales, según que el delito pueda ser cometido por cualquier funcionario o sólo por una clase determinada.
Sepodía haber reducido el catálogo de delitos con una cláusula general para algunos supuestos, mientras que para otros hubiese sido suficiente con apreciar la agravante 7ª del art. 22 de prevalerse de carácter público que tiene el culpable.
El derecho penal, no respetando el principio de intervención mínima, crimi-naliza conductas de los funcionarios que debían resolverse en vía administrativa, sibien su régimen disciplinario tiene sanciones a veces más duras que el penal. No obstante, el trato no es igual para todos, por lo menos en materia de prescripción de las faltas.
29.1. PREVARICACIÓN.
Se castiga en el art. 404 “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”.
Pena de inhabilitación especialpara empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años.
Los requisitos son :
a) Que se dicte resolución arbitraria.
b) En asunto administrativo.
c) Que sea injusta.
d) Que se dicte a sabiendas.
-- Injusticia.
La resolución ha de ser dolosa ; que se aprecie con facilidad que está mal dictada y sea palmariamente contraria a derecho ; clara y manifiestamente injusta, pues en caso de duda elderecho penal debe ceder a la sanción que correspondería al derecho administrativo.
Arbitrario equivale a acción contraria a la razón, a la justicia o al derecho.
La resolución ha de ser en asunto administrativo, no penal.
Sólo es punible la conducta dolosa, con dolo directo, a sabiendas.
La consumación se da con el acto material de perfeccionarse la resolución, sin que sea necesario que produzcauno u otros efectos lo que podría dar lugar a un concurso de delitos. Es posible la tentativa.
29.2. NOMBRAMIENTOS ILEGALES.
Se castiga en el art. 405 “a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran losrequisitos legalmente establecidos para ello”.
Pena : Multa de 3 a 8 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiem-po de 6 meses a 2 años.
Si actúa por error la conducta sería impune, y lo mismo si lo hace sin tener competencia para ello sin perjuicio de que pueda cometer otra irregularidad.
Sólo es punible la comisión dolosa. Es posible la tentativa.
-- Aceptación de nombramiento ilegal....