Derecho penal democratico

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Orlando T. Gómez González
Abogado. Doctor en derecho. Profesor de derecho penal. Cuba

El derecho penal en un Estado democrático y de derecho
Para que la justicia sea el sustento de la democracia, el derecho penal debe garantizar los derechos fundamentales del individuo frente al poder arbitrario del Estado.

E

n un Estado de derecho es indispensable el control constitucionalde sus leyes, el imperio de la ley como expresión de la voluntad general, la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la legalidad de los actos de la administración como mecanismo jurídico antitotalitario y su control judicial, la garantía de las libertades públicas y los derechos fundamentales. El control del poder punitivo del Estado en cualquier sociedad debe encaminarsea que la aplicación de las normas penales excluya la arbitrariedad y el exceso por parte de quienes ejercen ese poder para imponer sanciones penales. El derecho penal, como conjunto de normas jurídicas, refleja qué es lo que la voluntad general expresada en ley quiere castigar. El derecho del Estado para imponer penas debe tener unos límites con el fin

de garantizar los derechos fundamentalesdel individuo frente al poder arbitrario estatal. Ahora bien, debe tomarse en cuenta si las normas que regulan el derecho penal proceden de un Estado totalitario o de un Estado de derecho porque su alcance es diferente. Existen tres aspectos fundamentales para sustentar un derecho penal acorde con un Estado democrático y de derecho: la relación del derecho penal con los principios constitucionales,el papel de la dogmática y la política criminal, y los principios y límites del derecho penal. El derecho penal es la parte del ordenamiento jurídico reguladora del poder punitivo del Estado, que para proteger valores e intereses con relevancia constitucional ha definido como delitos determinadas conductas a cuya verificación asocia las penas y medidas de seguridad

como consecuenciasjurídicas. Al derecho penal tan sólo le interesan acciones humanas que sean relevantes para la convivencia social, por lo que quedan fuera de su campo de acción las ideas, los pensamientos y las actitudes; por tanto, para un derecho penal de un Estado democrático, y por consiguiente pluralista, han de ser irrelevantes las conductas que no sean lesivas a los intereses ajenos, o sea, las conductas que noagredan y que no sean trascendentes para la libertad de los demás. El derecho penal que respete este principio es propio de un Estado democrático y de derecho. El derecho penal debe orientar su función preventiva de la pena con arreglo a los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad; en otras palabras, el bien jurídico debe ser límite del iuspuniendi,
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o carácter secundario del derecho penal, radica en que éste debe utilizarse como último recurso a falta de otros menos lesivos. Es decir, la llamada ultima ratio1 frente a la tendencia del derecho penal totalitario de excesiva intervención. Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. El criterio constitucionalista de bien jurídico que defendemos no esabsoluto y estamos abiertos a otras concepciones, pero somos del criterio de que sólo la Constitución en este modelo de Estado que defendemos estaría en condiciones de suministrar pautas al legislador que permitan concretar un concepto tan importante para la limitación del poder punitivo del Estado, como el bien jurídico que hay que proteger. Es clave dejar sentado el criterio de la necesidad dereferirnos a la Constitución para delimitar bienes jurídicos susceptibles de protección penal, sustentada en la interpretación de todo ordenamiento jurídico conforme a la Constitución. De esta manera, la interpretación de la ley penal depende de la interpretación de la Constitución. El ordenamiento penal está subordinado a la Constitución, lo cual no significa que el derecho penal sólo aporte...
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