Derecho

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  • Publicado : 17 de enero de 2011
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La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela contiene como principio fundamental de organización del estado, la separación de los poderes en el sentido clásico del termino, ya que se establece en el articulo 136 que “Cada una de las ramas del Poder Publico tiene sus funciones propias…” y por otra parte al definir las atribuciones del órgano legislativo establecidas en el articulo 186,del mismo ordenamiento jurídico, en su numeral 1 contempla que “legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional”.
De esta manera, se atribuye así la función normativa de forma típica y propia al órgano legislativo, por lo q la consideración de la existencia de potestad normativa de la Administración pasa por entender sucarácter excepcional.
En Venezuela, puede darse cabida a la potestad reglamentaria implícita y sin habilitación expresa, por parte del poder ejecutivo y en efecto, la actividad normativa que la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela reconoce al órgano ejecutivo puede definirse como:
✓ Actividad normativa de primer grado, constituida por la facultad que se acuerda al Presidente dela Republica de dictar decretos con rango valor y fuerza de ley.
✓ Actividad normativa de segundo grado, referida a dictar reglamentos ejecutivos.
Por otra parte, observamos la tendencia tanto de doctrina como de la legislación de habilitar, cada vez mas, a la Administración, incluso desde mi punto de vista la funcionalmente descentralizada, lo que podríamos llamar “entesreguladores”, para producir actividad normativa.
En tal sentido, se utiliza como justificación de la potestad normativa de la Administración dos tipos de fundamento a desarrollarse:
El lógico: Constituido por la imposibilidad de que el legislativo pueda prever todas las contingencias en que halla de encontrarse la Administración.
En consecuencia, lo que justifica desde el punto de vistalógico la potestad normativa de la Administración se ve esquivado cuando en nombre de la participación, se pretende someter la labor normativa de la Administración a procedimientos que la hacen compleja.
Jurídico: Se establece para el reconocimiento de poderes normativos expresos que a su vez procederá de la propia naturaleza de la Administración.
Este fundamento jurídico adquiererelevancia, no para el caso del reglamento ejecutivo, cuyo sustento se halla en la letra expresa de la Constitución, sino para el estudio de la posibilidad de que autoridades administrativas, como los entes reguladores, pudiesen en ausencia de norma legal expresa atributiva de la potestad normativa, dictar regulaciones generales interpretando las normas legales que les correspondería aplicar.En otro orden de ideas, dentro de la actividad normativa de segundo grado que la constitución reconoce al Poder Ejecutivo, encontramos la facultad exclusiva de dictar, por vía reglamentaria, las normas dirigidas a determinar el numero, organización y competencia de los Ministerios, el Consejo de Ministros, y de mas organismos de la Administración Publica Nacional, de acuerdo con los lineamientosque se fijen en la correspondiente Ley Orgánica de la Administración Publica.
Como es evidente se trata de una potestad normativa de segundo grado, pues se refiere expresamente a subordinación a la Ley Orgánica respectiva. De manera que partiendo de que la potestad normativa interna se deriva de la autonomía y de la potestad de organización que ella dispone, es de vital importancia entenderque esta regulación constitucional sirve como un limite a la ley, es decir, como un caso muy especial de reserva reglamentaria.
Titularidad de la potestad normativa:
La titularidad de la potestad normativa de la Administración debe ser estudiada en relación, no solo con los órganos administrativos de la Administración centralizada, discriminándose en este sentido entre la...
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