el golpe de estado Honduras 2009

n virtud de su función primordial de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos” en el Hemisferio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Comisión Interamericana”, “CIDH” o “Comisión”) ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Honduras, observando a través de sus informes, una serie de asuntos estructurales en materia dejusticia, seguridad, marginación y discriminación que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes.

2. El 28 de junio de 2009 se produjo en Honduras el derrocamiento del Presidente democráticamente electo y la ruptura del orden democrático y constitucional[1]. A las 5 de la mañana, efectivos del Ejército hondureño, actuando bajo instrucción del Jefe del EstadoMayor Conjunto y del Vice Ministro de Defensa, ingresaron a la residencia presidencial, privaron de libertad al Presidente José Manuel Zelaya Rosales y lo trasladaron en un avión militar a Costa Rica.

3. Ese mismo día, la Comisión Interamericana emitió su primer comunicado de prensa respecto de la situación en Honduras, en el que condenó el golpe de Estado, solicitó la restauracióndel orden democrático y el respeto de los derechos humanos y exigió que se aclarara la situación de la Canciller y demás miembros del gabinete ministerial, cuyo paradero se desconocía en ese momento. El 30 de junio, la Comisión solicitó la realización de una visita a Honduras en forma urgente. Asimismo, en cumplimiento de sus obligaciones de promoción y protección de los derechos humanos y envirtud de la recepción de cientos de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, desde el 28 de junio en adelante, la CIDH otorgó medidas cautelares, requirió información sobre la situación de riesgo en que se encontraban determinadas personas como consecuencia del golpe de Estado y solicitó información de acuerdo a lo estipulado por el artículo 41 de la Convención Americana sobre DerechosHumanos (en adelante, “Convención Americana”) y el artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante, “Convención sobre Desaparición Forzada”) y emitió varios comunicados de prensa.

4. El rechazo de la comunidad internacional al golpe de Estado en Honduras ha sido unánime. Las autoridades de facto no han sido reconocidas y en los forosinternacionales se ha condenado la ruptura del orden democrático y se ha instado a la restitución del Presidente Zelaya. En particular, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante, “OEA”) respondieron a la crisis política en Honduras aplicando mecanismos consagrados en la Carta Democrática Interamericana, que estipula que “los pueblos de América tienen derechoa la democracia, y sus gobiernos, la obligación de promoverla y defenderla”. De este modo, la Asamblea General de la OEA decidió, en sesión extraordinaria de 4 de julio de 2009, suspender al Estado de Honduras en el ejercicio de su derecho de participación en la organización. En la misma resolución, la Asamblea General decidió “reafirmar que la República de Honduras deberá continuar observando elcumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos e instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que continúe adoptando todas las medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras”[2].

5. El 13 de julio, la CIDH recibió una comunicación[3] remitidapor el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en la que manifestaba su anuencia para realizar la visita. La CIDH realizó la visita in loco a Honduras desde el 17 al 21 de agosto de 2009 y elaboró el presente informe, cuyo alcance refiere a la situación de derechos humanos desde el golpe de Estado.

6. La Comisión constató durante su visita que en Honduras, junto con la...