Enriquecimiento Ilicito

SUMARIO:
I. Introducción.- II. El tipo legal del enriquecimiento ilícito de funcionario público. III. El delito de enriquecimiento ilícito y las garantías constitucionales. IV. El artículo 233 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. IV. 1. La voluntariedad del testigo. IV. 2. ¿Ante quien debe prestarse la declaración? IV. 3. Causas justificantes. IV. 4. La no concurrenciaal debate. Sus consecuencias. IV. 5. Incorporación por lectura de las declaraciones del artículo 233 bis. V. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN.

El delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 268 (2) del Código Penal, fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico en el año 1964, mediante la Ley N° 16.648.
Posteriormente, dicho precepto fue modificado por la ley Nº 25.188–denominada Ética en el Ejercicio de la Función Pública- que introdujo modificaciones al título de los delitos contra la administración pública.
Ésta legislación, encuentra como marco de referencia la reforma constitucional de 1994, específicamente el artículo 36 de la Constitución Nacional, y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Con la presente exposición, abordaré los aspectosfundamentales del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, teniendo en cuenta el desarrollo doctrinal y jurisprudencial de la materia, en torno a los aspectos cuestionados de este delito.

II. EL TIPO LEGAL DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

Prescribe el artículo 268 (2) de nuestro Código Penal: "Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta porciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño.
Se entenderá quehubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho”.

II.1. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.
Para una parte de la doctrina es el interés socialexistente en que los funcionarios o empleados públicos no corrompan la función pública, y que justifiquen su enriquecimiento al ser requerido, como una exigencia no solo legal sino social (CABALLERO, José Severo, El enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos (después e la reforma constitucional de 1994), en L.L. 1997-A-796).
Otros afirman que se trata de prevenir conductasanormales que persigan el logro de esos aumentos patrimoniales prevaliéndose de la condición de funcionarios por parte del agente (libro pag 439)
De Luca y López Casariego sostienen que lo que se protege es la imagen de transparencia, gratuidad y probidad de la administración y de quienes la encarnan, por lo que afirman que aunque el funcionario se haya enriquecido lícitamente, porque ganó lalotería, recibió una herencia, el no justificarlo lesiona el bien jurídico, porque todos los administrados al percibir por sí mismos el cambio sustancial en el patrimonio del funcionario se representarán –fundada o infundadamente- que está originado en su actividad pública y, por ende, que los perjudica, ya que la administración pública tiene su única razón de existencia (objeto y fin) y sustento(económico a través de los tributos) en los ciudadanos.
Aunque parezca un contrasentido, habría que explicarlo así: que una persona sea condenada por el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, no significa que en realidad se haya enriquecido ilícitamente, sino tan sólo que no justificó el incremento patrimonial apreciable (desproporcionado a sus ingresos). Eso es lo ilícito. Ahí...