Estudiante

Desde noviembre del año pasado la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá definir si declara inconstitucional al artículo 17 de la Ley 4 de 1992, considerado una de las mayores inequidades del país: las pensiones millonarias que reciben congresistas y exmagistrados y que están muy por encima de sus cotizaciones al sistema de seguridad social. Por medio de esta Ley el Congreso decidió parasí mismo que las pensiones de senadores y representantes no podían ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año éstos devengaran, con los debidos reajustes según el salario mínimo. Posteriormente, a través de decretos, el presidente terminó regulando que las pensiones de magistrados debían ser liquidadas igual que las de los congresistas. Esa norma también lespermite a los altos funcionarios jubilarse a los 55 años de edad y con 20 años de servicio. Para el común de los colombianos, la pensión de jubilación se obtiene a los 60 o 62 años (hombres), y equivale al 75 por ciento del promedio de los últimos 10 años cotizados, no del ultimo año.

Gracias a este enunciado, actualmente encontramos pensiones que llegan a los 29 millones de pesos al mes. Estaspensiones, además de ser injustas, que representan una amenaza para la sostenibilidad del sistema pensional. Por esta razón la primer ponencia de los magistrados planteaba que es necesario ordenar “su reliquidación y establece que en ningún caso los pagos pensionales a cargo del Estado podrán superar los 25 salarios mínimos mensuales, es decir, 14,1 millones de pesos . Ese fue el límite fijado por unareforma constitucional del 2005 que eliminó los regímenes especiales y que 8 años después sigue sin aplicarse. La posición anterior, también acabaría con los 'carruseles' de pensiones denunciados en el Congreso y las altas cortes.

Ahora bien, es preciso aclarar que sólo tres de los nueve magistrados constitucionales están estudiando la demanda son: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, presidentede la corporación, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, a ellos los acompaña el conjuez Luis Fernando Álvarez Londoño; los demás magistrados fueron recusados o se declararon impedidos por conflicto de intereses. El argumento que había planteado el anterior magistrado ponente, quien fue recusado, es que la existencia de privilegios va en contra de una obligación del Estado:imponer una política pensional que tienda a la universalización, a la sostenibilidad del sistema y a la equidad. No obstante se tendrá que elaborar un nuevo fallo ahora que se debe elegir otro magistrado ponente.

La procuraduría, que está obligada a representar al pueblo en las demandas de constitucionalidad que se formulan contra las leyes del Estado, se pronunció a través del procuradorAlejandro Ordóñez, quien pidió a la Corte que se declarara inhibida para decidir de fondo la demanda, pues considera que la reforma constitucional del 2005 derogó el régimen de congresistas y magistrados. Según Ordóñez, los jueces son quienes deben decidir en casos puntuales, pero no la Corte. El pronunciamiento no es en vano si se tiene en cuenta que el mismo Ordóñez se ha beneficiado de estas pensiones,situación que explica las múltiples circulares que ha emitido defendiendo “los derechos pensionales adquiridos” de sus antiguos colegas (pues Ordóñez, antes de ser procurador fue consejero de estado). Argumenta que “desconocer derechos de pensiones de excongresistas y exmagistrados puede afectar otros derechos más adelante” por lo tanto considera se deben respetar los montos establecidos.

ElFondo de Previsión Social del Congreso (Fondecon) pidió la exequibilidad condicionada de la norma y le dice a la Corte que aproveche para aclarar cuáles de los ingresos de los congresistas deben ser incluidos en la pensión. Hoy les reconocen hasta viáticos. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) pidió a la Corte cortar con los privilegios. Dice que la pensión más costosa del país, de 29...