Fallo Soengas

Soengas Hector R. C/Ferrocarriles Argentinos
 
 
DlCTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL DE LA CORTE SUPREMA

Suprema Corte:

Los actores, agentes de Ferrocarriles Argentinos, plantearon la inconstitucionalidad del artículo 22, inciso d),de la ley 21.476, y de la ley 23.126, y sobre esa base demandaron a aquella empresa las diferencias salariales resultantes del reemplazo del sistema de calculo dela bonificación por antigüedad prevista en el artículo 37, punto I, del convenio colectivo de trabaj021n5, que preveía el pago de un porcentaje del salario mínimo vital por cada año de servicio, por otro consistente en una suma f.ija por cada uno de esos períodos, unilateralmente determinada por la empleadora. La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó elpronunciamiento de primera instancia, y condenó a la demandada a abonar dichas diferencias por el lapso Que corre desde el 29 de mayo de 1984 hasta el2 de noviembre del mismo año, y desde el2 de noviembre de 1985 hasta el 7 de marzo de 1986.

Para así decidir, el vocal preopinante -a cuyo voto adhirieron los restantes integrantes de la Sala- tras afirmar que a tenor de lo expresado por las partescorrespondía examinar la constitucionalidad de la ley 21.476, destacó que para ello era menester acudir a la doctrina que surge del fallo de V .E. recaído en la causa "Nordensthol". Sostuvo, entonces, que la magnitud del cercenamiento sufrido por los demandantes en la bonificación por antigüedad -que reputó acreditado con el peritaje contable- "colisionaria con la razonabilidad de medio a fin" de que sehizo mérito en el citado precedentemel1te; razón por la cual consideró inconstitucional dicha ley, "por remisión a los argumentos del dictamen del señor Procurador Fiscal" que la Corte hizo suyos.

Puntualizó que no se había mantenido la impugnación de la ley 23.126, pese a lo cual manifestó su opinión favorable a su constitucionalidad. Agregó, en cambio, que era objeto de su decisión lainfluencia que sobre la cuestión ejercía el acta N2 7/86, celebrada entre la demandada y la representación gremial de los actores ante el Ministerio de Trabajo, señalando que esta última había prestado su tácito consentimiento a lo manifestado por la empleadora. Por esas razones, limitó la condena a las diferencias salariales devengadas entre las fechas antes mencionadas.
Contra dicha decisión interpusola demandada recurso extraordinario a fs. 134/138 vta. de los autos principales (a cuya foliatura me referiré en lo sucesivo), cuya denegatoria motiva la presente queja.

Aduce el recurrente que el pronunciamiento es arbitrario por no constituir derivación razonada del derecho vigente con adecuación a las circunstancias fácticas acreditadas en el expediente. Sostiene, para ello, que no seconsideró una defensa fundamental de su parte, al no tomar en cuenta la ley 21.307 que autorizaba al Poder Ejecutivo Nacional a fijar por decreto la remuneración de los trabajadores públicos y privados. Destaca que el proceso inflacionario, como factor individual más importante de la emergencia económica, es un hecho notorio, y resulta del contexto legislativo de la época; y que la ligazón de labonificación por antigüedad con el salario mínimo sólo fue incorporada al convenio colectivo de trabajo 21n 5 en plena orgía inflacionaria, y en un marco de indexación de la economía. Señala que cuando la demandada y los gremios ferroviarios celebraron nuevos acuerdos en virtud de la ley 23.126, no configuraron el artículo 37 del mentado convenio en la misma forma que lo habían hecho en 1975. Por elcontrario -puntualiza- volvieron a la modalidad tradicional de fijarlo en una suma de dinero deslindándolo de la variación del costo de vida, lo que demuestra; a su juicio, que para las asociaciones profesionales de trabajadores el nuevo sistema de haberes por antigüedad no es irrazonable.

Expresa que la sentencia se encuentra mal fundada en cuanto a la aplicación de la doctrina del caso...