Garantias ciudadano ante administración publica

Garantias del Ciudadano ante la Administración Publica

I.—IDEAS GENERALES.
A poco que nos fijemos observaremos que la actividad administrativa
en nuestros días es creciente, no sólo en aquellos Estados que, como Rusia,
su mismo carácter totalitario da lugar a esta actividad densa (1), sino
también en aquellos otros como los encuadrados en el sistema administrativo
anglosajón, según elcual la Administración debe ser juzgada por
los Tribunales ordinarios, al igual que los particulares, como jurisdicción
esencial.
Al aumentar esta actividad y la relación administrativa con los particulares
ha crecido el número de conflictos, los cuales habrán de resolverse
por medios jurídicos, pues la Administración no puede sustraerse al estado
de Derecho. Ahora bien: «¿Qué garantías existenque aseguren a
los particulares la sumisión de la Administración ai Derecho? Hay varias
formas de protección de los derechos.
Para Jorge Jellinek (2), estas garantías son : sociales, políticas y jurídicas.
Las garantías sociales consisten en las costumbres, la religión de
los pueblos, la moralidad social, las cuales son límite y defensa de los
intereses particulares, porque los funcionariosde la Administración, en
el desarrollo de esta actividad es.tán sujetos a estas fuerzas sociales. Pero
es de notar que tales fuerzas actúan sin garantía suficiente coercitiva, ya
que no pasa de ser una fuerza moral.
Las garantías políticas esláii constituidas por los principios políticos,
como el equilibrio político d'e los Poderes, el sistema. de ruegos y preguntas
(que también se da ennuestras Cortes, sí bien por escrito), la contraposición
de los órganos, etc. García Oviedo (3), señala entre las garantías
políticas el derecho de petición. En general consisten, tales garantías, en
el control del Parlamento sobre la Administración pública, pero incluso
en los regímenes (parlamentarios estas garantías tienen escasa eficacia, pues
el Parlamento se mueve más por razonespolíticas, en donde se pone mucha
pasión de partido cuando no personalista, que por consideraciones de
legalidad y de justicia.
En cambio, las garantías jurídicas propiamente dichas tienen por objeto
inmediato la defensa de los derechos e intereses legítimos de los
particulares y son puestas en movimiento a instancia de los interesados,
pudiendo exigirse incluso responsabilidades no sólo a losadministradores,
sino de carácter civil a la Administración, aunque- en definitiva salga también
ésta gananciosa con la restauración de orden jurídico perturbado,
según expresa Royo-Villanova. Comprenden dos aspectos, como dice Gascón
y Marín: primero, la exigencia de que se proporcione a la Administración
un régimen para su actuación, señalando los requisitos de forma,
trámites y procedimientosde los actos administrativos: segundo, el establecimiento
de los modos de fiscalizar los actos administrativos (4). Pero
la tutela en este segundo aspecto puede serlo en garantías que se basan
en la jerarquía administrativa —procedimiento administrativo— en la
relación de una fiscalización de los actos administrativos por órganos extraños
a la Administración —procedimiento jurisdiccional— (5).ROYO-VHJCANOVA (6) divide estas garantías en: garantías políticas, que
no las diferencia de las ya estudiadas; jurídicas —ante los Tribunales
ordinarios y contencioso-administrativos—, que tiene por objeto inmediato
la defensa de los derechos e intereses de los particulares, y administrativas
que resultan de la buena marcha de la Administración, del buen funcionamiento
de los serviciospúblicos. «Una perfecta organización —-dice
Royo-Villanova— en la que se combinen, armónicamente los principios de
centralización y descentralización, en la que la ordenación jerárquica asegure
la vigilancia de los superiores sobre sus subordinados y en la que un
cuidadoso sistema de selección, permita constituir un personal idóneo d.e Jos
cuadros burocráticos; una administración que reúna...