Historia

Bogotá, 30 de Noviembre de 2012.
UNIVERSDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
PRINCIPIOS Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DR. SANCHEZ LUQUE
La Corte Constitucional en Sentencia de Constitucionalidad Número 066 de 1997, en contra los artículos 30, 31, 32 (parcial), 35 (parcial), 37, 38 (parcial) y 39 (parcial) de la ley 142 de 1994, por medio de la cual se establece el régimen de los serviciospúblicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, en donde su actor es el señor Alberto Sepúlveda Villamizar, y Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz, dada en Santafé de Bogotá, D.C., febrero once (11) de mil novecientos noventa y siete (1997).
Los artículos 33, 34 y 40 de la ley 142 de 1994 no han sido sometidos a control de constitucional, en consecuencia a esto, la CorteConstitucional no se ha pronunciado en cuanto a su exequibilidad o en su defeco inexiquibilidad de las anteriores normas que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico, y que se entiende por esto que están conforme con la Constitución Política de 1991.
En este aparte se hará un recuento sobre las posiciones del actor en cuanto la Inexequibilidad de los artículos 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39 de la Ley 142de 1994, los cuales son tema de estudio en la presente investigación.
El actor sostiene que los artículos 30, 31, 32 y 39, parágrafo, de la ley acusada, trasladan materias propias del derecho público a un régimen exclusivo y excluyente de derecho privado. Así, los aportes que la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo hagan a lasempresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, al ser regulados por el régimen de derecho privado establecido en la ley 142 de 1994, escapan al control y vigilancia estatal y ciudadana. Además, agrega, cuando dicha ley somete a las empresas de servicios públicos domiciliarios a un régimen contractual privado diferente del establecido en la ley 80 de 1993, impide que a los servidorespúblicos que intervienen en los contratos propios de estas empresas se les pueda exigir el cumplimiento de los principios de la contratación estatal (transparencia, economía, responsabilidad, etc.), los somete a un trato discriminatorio injustificado, en vista de que su conducta no será evaluada a la luz de normas del derecho público como los demás servidores públicos, sino de disposiciones de derechoprivado, y constituye, finalmente, una transgresión al inciso final del artículo 150 de la Constitución Política, pues existiendo con base en él un Estatuto General de la Contratación Administrativa, no puede el legislador someter a un régimen contractual distinto a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, que también son entidades estatales.
Estima el demandante que lasComisiones de Regulación, siendo propiamente entidades de vigilancia, han sido dotadas por la ley impugnada para dictar normas de carácter general y abstracto, y por ende, de regular materias contractuales. Afirma que lo estipulado en el artículo 37 de la ley 142 de 1994, constituye una cortapisa para las autoridades administrativas y judiciales, por demás opuesta al artículo 29 de la Carta, encuanto a la valoración de la legalidad de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos, comisiones de regulación, de la Superintendencia y demás personas a las que la ley impone incompatibilidades o inhabilidades, en vista de que para tal valoración deben tener en cuenta no solamente las personas que formalmente los dictan o celebran, sino también quiénes son sus beneficiarios reales. Enla misma forma la parte final de la disposición citada que, a juicio del impugnante, "deja entrever que las autoridades administrativas y judiciales, al definir sobre la ILEGALIDAD de tales ACTOS y CONTRATOS, automáticamente establecen que los responsables de los mismos incurrieron en FRAUDE A LA LEY, siendo de su cargo desvirtuar tal PRESUNCION, sin que previamente el Estado (autoridades...