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  • Publicado : 27 de mayo de 2011
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Después de guardar silencio durante tres semanas, tras la destitución de Walter Porras, las principales instituciones del Estado encargadas de velar por los recursos públicos – Presidencia, Asamblea Nacional, Contraloría, Fiscalía, Policía Nacional,-- finalmente reaccionaron tras la publicación del reportaje del “Walter-Gate” el lunes pasado en Confidencial.
El reportaje, publicado también enEsta Semana y El Nuevo Diario, se basa en los informes de la Dirección de Auxilio Judicial y la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional. La veracidad de ambos documentos fue reconocida por la propia Presidencia de la República y por la Policía Nacional, pero tampoco revelaron ningún detalle de su contenido.
Sin embargo, el miércoles pasado en el programa Esta Noche, elperiodista Carlos Fernando Chamorro, le entregó una copia la diputada Miriam Argüello, presidenta de la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional, y anunció que estarían a disposición del público en el sitio web de Confidencial Digital.
La publicación del informe policial en el que se destapa la existencia de una red de corrupción dentro de la Dirección General de Ingresos, motivó a la ContraloríaGeneral de la República a ordenar una investigación del caso, mientras el asesor presidencial, Bayardo Arce, admitía la existencia de las pesquisas y anunciaba su ampliación.
El asesor dijo a una representación del Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP), que la investigación seguiría su curso, pero que los resultados se harían públicos hasta que haya algo que dar a conocer, “para noalimentar morbos”.
En esa misma línea oficial, la Policía Nacional anunció que el Presidente le habría orientado que continuara investigando qué pasó en la DGI, y quiénes se lucraron con cuánto, aunque son ofrecer información alguna hasta que tengan conclusiones que entregar a las autoridades correspondientes, en este caso, la Contraloría.
Es precisamente esa institución la que correrá con la mayorparte del peso del proceso indagatorio, siendo que la Fiscalía no tomará acción alguna, a la espera del informe de la CGR.
¿Investigación o control de daños?
En una inusual nota de prensa emitida tarde en la noche del viernes pasado por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, “cumpliendo instrucciones de nuestro Presidente-Comandante Daniel”, se informa de manera escueta que el mandatariosolicitó “formalmente a la Contraloría General de la República, entrar a auditar el traspaso de la Dirección General de Ingresos a su actual director, compañero Martín Rivas Ruiz”.
El anuncio oficial generó dudas sobre la autonomía y voluntad política de la Contraloría para investigar a fondo un caso de corrupción, en que aparece señalado el propio secretario de organización del FSLN, Lenín Cerna,quien opera desde la Presidencia de la República, que se encuentra enquistada en la secretaría del FSLN.
Una fuente vinculada al gobierno reveló la existencia de pugnas internas que se están librando dentro del gobierno de Ortega por cuotas de poder. “De un lado está el grupo de Lenín Cerna, y del otro el de Néstor Moncada Lau, ambos se disputan el favor de la pareja presidencial”, explicó.
Y aunqueel informe policial señaló la presencia de Cerna en la red ilegal de extorsión que manejaba Walter Porras en la DGI, es improbable que la investigación vaya a llegar a fondo. “Estamos ante una gran operación de control de daños. Resulta impensable que la Contraloría o la misma Policía vaya a sacar conclusiones que incriminen a uno de los principales operadores políticos del Presidente”, advirtióla fuente.
Lo que dice la Contraloría
Lino Hernández, uno de los titulares de ese órgano colegiado, dijo a Confidencial que luego de tomar la decisión la mañana del jueves pasado, comenzó dentro de la institución un proceso que tomará unos diez días, para preparar al equipo técnico y la documentación necesaria para proceder a auditar a la DGI.
“Ahorita vamos a conformar un equipo con los...
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