Intervención de comunicaciones y delincuencia organizada

Antecedentes de la intervención de comunicaciones privadas como instrumento para combatir la delincuencia organizada.
Su regulación constitucional y en los instrumentos internacionales. La intervención de comunicaciones privadas es un acto de molestia y como tal se encuentra regulado en el marco del artículo 16 constitucional, cuya teleología es la protección de la garantía de legalidad.

Elacto de molestia puede entenderse como aquel que pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado “solo restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos”[1] y que, por tanto, se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional. Es el caso dela intervención de comunicaciones privadas.

Ahora, en su carácter de subgarantía, o garantía específica derivada de la garantía de legalidad, además de estar regulada en la Constitución Federal, es también reconocida en diversos instrumentos jurídicos internacionales signados por nuestro país, tal como lo afirma José Ovalle Favela:

“La inviolabilidad de las comunicaciones privadas formaparte del derecho a la intimidad o a la privacía, que ya se encontraba implícito en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución, en cuanto que prevé la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia; y que ha sido reconocido expresamente por los artículos 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 11.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El primerode estos preceptos dispone: ‘Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. ‘El artículo 11.2. de la Convención Americana es casi idéntico’.[2]

En estas condiciones el Estado, como sujeto pasivo de esta garantía, se encuentra obligado a velar por los intereses delgobernado y se constituye en garante del interés social con el deber de establecer normas que tiendan a protegerlo.[3]

Evolución en el texto constitucional y su problemática. Uno de los antecedentes constitucionales más relevantes al respecto, es el relacionado con la prohibición a registrar la correspondencia que circule bajo cubierta. Esta, se encontraba en el artículo 25 del texto original de laConstitución de 1917, que correspondía también al artículo del mismo número de la Constitución de 1857, con un antecedente en el voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente de 1842.

Luego, el contenido del artículo 25 de la Constitución vigente fue trasladado al artículo 16, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de febrero de 1983. Esto permiteafirmar que en México ha existido desde mediados del siglo XIX un derecho fundamental a la privacidad de las comunicaciones, pero sólo vía correspondencia, el cual se mantuvo de esa manera hasta la importante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de julio de 1996 que amplió el alcance de ese derecho básico al incluir como regla la inviolabilidad de lascomunicaciones privadas e incluir un régimen expreso, aunque limitado y sumamente genérico, de los casos y condiciones en que podía ser afectado dicho derecho de manera legítima.

Justificación de la intervención de comunicaciones como instrumento para combatir la delincuencia organizada. Como se mencionó, el antecedente legal encaminado a permitir la intervención telefónica para la obtención depruebas en juicios muy específicos, precisamente en la citada reforma de 1996. De la lectura de la exposición de motivos correspondiente, se advierte que la adición de los párrafos noveno y décimo del artículo 16 de la Constitución Federal (véase el cuadro 1) tuvo como propósito prever en ésta, con mayor claridad, ciertas bases que permitieran la adopción de algunas estrategias dentro de los...