Investigacion

No en vano, los derechos al uso, goce y disfrute de los bienes de uso público y el derecho a un medio ambiente sano, han sido catalogados como derechos de tercera generación o derechos desolidaridad, pues su realización exige la acción comprometida y concertada de los todos miembros de la sociedad, de los individuos, de los grupos, del Estado.

Como intereses y derechos colectivos, pertenecena todos y cada uno de los individuos. Generan en su ejercicio una doble titularidad, individual y colectiva, que trasciende aún al ámbito nacional. Exigen una labor anticipada de protección y, porende, una acción pronta de la justicia para evitar su vulneración u obtener, en dado caso, su restablecimiento. Su defensa es eminentemente preventiva. Superan la tradicional división entre el derechopúblico y el derecho privado. Son de índole participativo.

Las circunstancias anotadas, generan una extraña paradoja: Los bienes de uso público pertenecen a todos por igual, y al mismo tiempo a nadieen particular. He ahí la razón por la cual el Constituyente dispuso para el Ministerio Público la vigilancia superior con fines de protección, defensa y restitución de tales bienes.

En desarrollodel mismo, y con la articulación interinstitucional de la Procuraduría General de la Nación, la DIMAR y los Alcaldes de las zonas costeras, han de trabajar conjuntamente en pro de la protección ycorrecto uso de los recursos ambientales - bienes de uso público.

Así lo entiende la corte en sentencia No. T-566/92, “la Dirección General Marítima y Portuaria -dependencia del Ministerio deDefensa-, ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la zona económica exclusiva, en las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo; y todosaquellos sistemas marinos y fluviomarinos; mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelo marinos, aguas supra adyacentes, litorales incluyendo playas y terrenos de...