Juriscritica 8

SECCIÓN BIMESTRAL

Juriscrítica
crítica de la jurisprudencia
N úmero 8

Bogotá, 4 al 17 de agosto del año 2003

Debate jurisprudencial
por la acción de nulidad
La sentencia de marzo 4 del 2003 de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, a cuyos alcances se dedica esta entrega de JURISCRÍTICA, plantea una interesante polémica jurisprudencial, y al mismo tiempo, pone de relieve eltipo de interpretaciones encontradas
que han enfrentado recientemente la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.
La polémica jurisprudencia versa sobre el
alcance que debe atribuírsele a la Sentencia
C-426 del 2002 de la Corte Constitucional,
por la cual se declaró exequible, en forma
condicionada, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo “siempre y cuando
se entienda quela acción de nulidad también
procede contra los actos de contenido particular y concreto, cuando la pretensión es
exclusivamente de control de legalidad en
abstracto del acto”.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la opinión mayoritaria del fallo al
que se dedica esta entrega de JURISCRÍTICA,
se declara contraria a la opinión de la Corte
Constitucional, al considerar que deesta manera ella está creando una “acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de los
jueces”, es decir, contra la jurisprudencia que
sobre el alcance del artículo 84 había sentado en otras ocasiones el Consejo de Estado,
y que al actuar de esta manera la Corte
extralimitó sus funciones de juez de constitucionalidad.

La sentencia
El 29 de mayo del 2002, la Corte Constitucional,en la Sentencia C-426, sostuvo que la interpretación dada por el Consejo de Estado al artículo 84 del Código Contencioso Administrativo desconocía las normas constitucionales que
garantizan el libre acceso a la justicia.
En esa providencia, la Corte se apartó de la
doctrina de los “motivos y finalidades” expuesta por el Consejo para determinar la procedencia de las acciones de nulidad y denulidad y restablecimiento del derecho.
Según esta doctrina, la acción de simple nulidad, además de proceder contra todos los actos
de contenido general y abstracto, también puede promoverse contra ciertos actos creadores
de situaciones jurídicas individuales y concretas,
pero únicamente en dos situaciones: cuando
expresamente lo consagre la ley y cuando el acto, al margen de su carácterparticular,“despierte
un especial interés para la comunidad que trascienda el mero interés de la legalidad en abstracto, comprometiendo el orden público, social o
económico del país”. En las demás situaciones,
precisa esta jurisprudencia, la acción de simple
nulidad no es admisible respecto de actos particulares.
La Corte Constitucional, lejos de compartir
la doctrina de los “motivos y finalidades”,sostiene que la voluntad del legislador al regular la acción pública de simple nulidad no fue la de privilegiar su ejercicio respecto de los actos relativos a situaciones jurídicas generales, sino la de
permitir que esta pudiera ejercerse también

Este importante fallo, sobre el cual registra JURISCRÍTICA los puntos de vista de los
distinguidos juristas Miguel González Rodríguez y JoséGregorio Hernández, permite encuadrar aspectos de primordial importancia
en el actual debate de la jurisprudencia del
país, a saber: i) ¿Cuál es el marco dentro del
cual se desenvuelve tanto la acción de nulidad como la del restablecimiento del derecho en el derecho administrativo?, ii) ¿Cuál es
el alcance que debe reconocérsele a los fallos integradores, por vía de interpretación,
de la CorteConstitucional?, iii) ¿Cómo deben armonizarse las funciones de la Corte
Constitucional, con las también atribuciones
de juez de constitucionalidad de que goza el
Consejo de Estado?
Este es también un claro ejemplo de un típico “choque de las altas Cortes”, de los cuales hemos visto desafortunadamente bastantes en los últimos tiempos. El “choque” versa sobre visiones encontradas en torno al...