La culpa del Estado en el holocausto del Palacio de Justicia

La culpa del Estado en el holocausto del Palacio de Justicia
Once desapariciones forzadas, cuatro casos de torturas, una ejecución extrajudicial y la negligencia para investigar fueron los hechos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), condenó al Estado colombiano en el caso del Palacio de Justicia.

Casi 30 años después de que un comando de 35 guerrilleros del M-19se tomara el Palacio de Justicia, con la pretensión de hacerle un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur, por los fracasos y dificultades que había en el proceso de paz que habían pactado meses atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por los abusos y crímenes que se cometieron en la retoma del Palacio. (Descargue la sentencia)
La sentencia, emitidael 14 de noviembre pasado, y dada a conocer el 10 de diciembre les da la razón a las víctimas, pues considera como hechos cumplidos que once personas fueron desaparecidas durante el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio, una guerrillera, tres visitantes casuales, y ocho trabajadores de la cafetería. El cuerpo de otra persona, también desaparecida, fue hallado hace una década en el cementerio delsur. Sobre el magistrado Carlos Horacio Urán, la Corte responsabiliza al Estado de su desaparición y posterior ejecución.  Se comprobó que cuatro personas más fueron torturadas en guarniciones militares en torno a los hechos del Palacio. Además sanciona al Estado por la falta de prevención, investigación y protección.
Entre muchas de sus consideraciones, la Corte admite que el ataque estabaanunciado y pudo prevenirse. Destacó que el gobierno ha hecho un reconocimiento parcial de su responsabilidad,  pero desestimó la intención del Estado colombiano de enmarcar los hechos del Palacio en el Derecho Internacional Humanitario y por tanto de considerar incompetente a la Corte IDH de juzgar estos crímenes.
Los tribunales colombianos ya han proferido condenas parciales contra dos altos mandosmilitares de la época como determinadores mediatos de estos hechos. Contra el Coronel Alfonso Plazas Vega, por la desaparición de dos personas; y contra el General Jesús Armando Arias Cabrales, por cinco personas desaparecidas. Sin embargo, estas sentencias no están en firme y tienen recursos de apelación en curso.
El caso del Palacio de Justicia ha sido uno de los más controvertidos de la historiade Colombia, dado que en 1990 el M-19 dejó las armas y sus integrantes fueron amnistiados e indultados.  Y porque después de muchos años de no haber prosperado la investigación, en el último lustro ha habido desarrollos importantes en la justicia colombiana que han demostrado que sí hubo desaparecidos, que militares estuvieron involucrados en estos hechos, y que este no es un caso propio de lajusticia penal militar, sino de la ordinaria.
Esta condena, así como el debate jurídico que de seguro suscitará, llega en un momento en el que se discuten tanto la ampliación del fuero militar, y cuando se debate si el Marco Jurídico para la Paz, que otorga medidas de justicia transicional para crímenes de lesa humanidad, debería acoger también los miembros de la fuerza pública que han incurrido engraves violaciones de derechos humanos. VerdadAbierta.com reseña los 10 puntos que establece la sentencia de la Corte IDH.
1. No se hizo nada para evitar la toma, pese a sus indicios
Durante la contextualización de los hechos ocurridos en la toma y retoma del Palacio de Justicia, la Corte hace un detallado recuento de la situación por la que pasaba el país en 1985 y concluye que el Estado “no tomólas decisiones necesarias” para evitar la toma a pesar de que diferentes instituciones conocían el riesgo de que esta se cometiera por parte del M-19.
En medio de la contextualización se señala que “previo a la toma del Palacio de Justicia, era ampliamente conocido por parte de las Fuerzas Militares y los organismos de seguridad del Estado la posible toma del Palacio de Justicia, su fecha...