La desafectación y venta de edificios administrativos y su ocupación en arrendamiento por el estado

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1. INTRODUCCIÓN

En el actual escenario económico se están convirtiendo mediante Ley numerosos bienes demaniales en bienes patrimoniales, tal y como estableció la Ley 17/2006, de 5 de junio, en relación con los bienes y derechos de la corporación RTVE (art. 29), y más recientemente el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, en relación con todos los bienes adscritos a la entidad públicaempresarial AENA (salvo aquellos que estén afectos a los servicios de navegación aérea, art. 9.1). De esta forma, estos conjuntos de bienes pasan a ser enajenables sin dejar de realizarse en ellos las mismas funciones públicas.
En las siguientes líneas, analizaremos si los bienes demaniales, y en concreto los edificios administrativos, pueden ser convertidos en bienes patrimoniales y, por tanto,enajenados, con independencia de que continúen desarrollándose en ellos las mismas funciones, garantizándose su ocupación mediante un derecho de arrendamiento sujeto a Derecho privado. Esto es, si el Estado puede seguir ocupando sus edificios administrativos como arrendatario una vez enajenados a terceros, como han hecho innumerables empresas para obtener ingresos1.

2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOSEDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
El concepto legal de “edificio administrativo” se encuentra en el artículo 155 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, “LPAP”), titulado precisamente “edificios administrativos”, que establece:
“1. Tendrán la consideración de edificios administrativos los siguientes:
a) Los edificios destinados a oficinas ydependencias auxiliares de los órganos constitucionales del Estado y de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
b) Los destinados a otros servicios públicos que se determinen reglamentariamente.
c) Los edificios del Patrimonio del Estado que fueren susceptibles de ser destinados a los fines expresados en los párrafos anteriores, independientemente del uso a queestuvieren siendo dedicados.

2. A los efectos previstos en este título, se asimilan a los edificios administrativos los terrenos adquiridos por la Administración General del Estado y sus organismos públicos para la construcción de inmuebles destinados a alguno de los fines señalados en los párrafos a) y b) anteriores”.
Debemos destacar, desde el primer momento, que en la categoría legal de“edificios administrativos” se incluyen edificios destinados tanto a servicios administrativos (a los que se refiere la letra a) de este precepto -oficinas y dependencias administrativas-) como a servicios públicos propiamente dichos (letra b del artículo 155 LPAP). Para estos últimos, la disposición adicional séptima del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General dela LPAP, establece que “a los efectos señalados en el artículo 155 de la Ley, tendrán la consideración de edificios administrativos los destinados a los siguientes servicios: de representación en el exterior, docentes, sanitarios, de investigación, asistenciales, de atención al público, culturales, turísticos, de transporte, deportivos, judiciales, penitenciarios, de vigilancia y control,comisarías y cuarteles”. Resulta elocuente que este precepto utilice un aséptico “servicios”, puesto que parece claro que no sólo se encuadran en esta enumeración los servicios públicos a los que se refiere la letra b) del artículo 155.1 LPAP, sino que conviven en esta definición tanto edificios administrativos destinados a oficinas como otros destinados a auténticos servicios públicos.
Sea como fuere,los edificios administrativos son considerados bienes de dominio público2por mandato del artículo 5.3 de la LPAP. Esta previsión legal sólo tiene sentido jurídico si se tiene en cuenta que, con anterioridad, el artículo 5.1 LPAP establece que “son bienes de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a...
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