La educación inclusiva en el sistema jurídico español.

La educación inclusiva en el sistema jurídico español.

Podríamos comenzar nuestro análisis con la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y financiamiento de la reforma educativa. Esta ley nos hablaba de que seria nada más que el alumnado con discapacidades graves quien sería escolarizado en centros de educación especial, mientras que el resto sería atendido en centros ordinarios, enaulas de educación especial. No podría hablarse de un modelo real de educación inclusiva, tal y como lo conocemos a día de hoy, aunque ha de reconocerse que este principio era muy avanzado para las concepciones de la realidad social española en esos momentos.

Si siguiésemos una línea temporal el siguiente texto a analizar sería la Constitución Española de 1978. Del texto constitutivo nosgustaría remarcar como primordial el artículo 27, más concretamente el punto 27.2 “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. En este artículo además se reconoce el derecho a la educación de todos los españoles, encomendando a su vez a los poderes públicosque promuevan las condiciones para que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos. Pero este artículo no cabe entenderlo en sí mismo, sino que habría que relacionarlo con el espíritu de la Constitución, más concretamente con el artículo 10 de la misma “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de lapersonalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y la paz social”. De este artículo cabe desprender la necesidad de educar en valores que construyan una sociedad en la que los mismos estén tan bien fundamentados que permitan el desarrollo de los valores de los demás ciudadanos.
Por último nos gustaría remarcar que el peso de la educación se encuentradescentralizado, la distribución de competencias se ha realizado entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas. Éstas últimas, pueden asumir competencias de ordenación y administración del sistema educativo en su ámbito de gestión respectivo, con excepción de aquellas materias en las que el Estado tiene competencia exclusiva: la regulación de las condiciones de obtención, expedición yhomologación de títulos académicos y profesionales, y las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución. Por lo que cabría concluir que no es sólo el Estado el garante de que se cumpla el modelo de Educación Inclusiva del que venimos hablando, las Comunidades Autónomas también tienen su peso e importancia.

Posteriormente nos encontramos con la Ley 13/1982, de 7 de abril, deIntegración Social de los Minusválidos, esta estableció la obligación del Estado en la función preventiva en cuanto a cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la educación, la orientación, la integración laboral, la garantía de unos derechos económicos, jurídicos sociales mínimos y la Seguridad Social para todos los minusválidos. Esta Ley promovió, en su momento, la"integración educativa" en la escuela ordinaria, insistiendo en el planteamiento de que sólo en ocasiones de excepcional gravedad, los alumnos fueran escolarizados en centros de educación especial.

Durante los años posteriores fueron sucediéndose las normas a este respecto, únicamente haremos una enumeración[1] debido al gran volumen, entrando a analizar las que creemos siguen siendo relevantes a día dehoy:

← El Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la educación especial, ordenó nuevamente esta educación, estableciendo un currículum general para todos, considerando las diferencias individuales.

← La Orden de 20 de marzo de 1985, sobre planificación de la educación especial y experimentación de la integración en el curso 1985/86, basándose en lo regulado por el anterior...