La Ley
Páginas: 12 (2782 palabras)
Publicado: 28 de noviembre de 2012
ACCESO A LA JUSTICIA E INDEPENDENCIA DE LA DEFENSA PÚBLICA
Las instituciones firmantes, preocupadas por la vigencia del estado de derecho y la defensa de los derechos humanos, consideramos que es indispensable adoptar de manera urgente reformas institucionales que garanticen y resguarden, más allá de la voluntad de los funcionarios y los avatares políticos, la autonomía de la defensa pública yel acceso igualitario a la justicia penal en la Provincia.
Las recientes resoluciones del Sr. Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, que ponen en crisis la autonomía funcional y económica del Servicio de Defensa Pública, tornan necesario plantear una reforma de la ley del Ministerio Público (nº 12.061) que garantice la autonomía de la Defensa Oficial.
El Procurador Generalresolvió[1] quitarle al Sr. Defensor ante el Tribunal de Casación Penal las facultades de superintendencia de la Defensa Pública y derogar todas las resoluciones dictadas por éste en ejercicio de esas facultades.
Asimismo el Procurador General dispuso[2] que el Sr. Defensor ante el Tribunal de Casación Penal deberá adecuar la planta funcional de la dependencia a su cargo a esa restricción defunciones ordenada, lo cual implica reducir sustancialmente su estructura.
Mediante el fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa, se garantiza un adecuado acceso a la justicia de sectores carenciados, corrigiéndose las asimetrías estructurales que existen entre los contendientes del proceso penal, procurándose que entre quienes vehiculizan la pretensión punitiva estatal y quienes tienen eldeber de inhibir aquella pretensión actúen en un plano de verdadera igualdad de posiciones; atendiendo de este modo los principios propios del sistema republicano de gobierno y del modelo acusatorio de enjuiciamiento penal.
Acceso a la justicia y derecho de defensa en juicio
La inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 CN) constituye una garantía fundamental para losciudadanos pues sólo a través de ella se podrán ejercitar en el marco de un proceso todas las demás garantías que la Constitución establece.
Como todas las garantías constitucionales, la defensa en juicio se erige como una limitación al poder del Estado, en tanto su objeto es proteger al individuo sometido a una persecución penal del eventual uso arbitrario de esa facultad estatal. En un Estado deDerecho, sólo resulta válido enjuiciar y penar a ciudadanos, en tanto estos tengan una verdadera oportunidad de controvertir la imputación que los agentes oficiales sostengan en su perjuicio.
La igualdad y autonomía de las partes en el proceso penal exige que tanto la labor de recopilar evidencia incriminatoria como la tarea de refutar dicha evidencia tengan potencialmente la misma eficacia. Esta“paridad de armas” entre acusación y defensa es lo que asegura que el proceso penal se mantenga en un verdadero ámbito de “juego limpio”.
Es evidente que la igualdad de posiciones entre quien acusa y quien soporta la persecución penal debe necesariamente superar el plano de lo formal y no agotarse en una mera paridad de atribuciones procesales. Ello requiere que se garantice, en el desarrollo dela tarea técnica de la defensa, la actuación de un abogado que sea idóneo y que tenga medios suficientes e independencia garantizada para cumplir su misión (“concesión al inculpado... de medios adecuados para la preparación de su defensa...” art. 8.2. CADH, art. 14.3.b. PIDCP).
En este sentido, el Estado debe proveer una adecuada asistencia jurídica a quienes resulten perseguidos por elsistema penal, en tanto ello constituye un mecanismo que tiende –en alguna medida– a revertir la tendencia selectiva de la persecución penal hacia aquellos individuos pertenecientes a los grupos socialmente más vulnerables.
Diversas son las herramientas que la defensa puede articular en pos de cumplir la tarea normativamente encomendada. Es así como la defensoría de casación penal de la Provincia...
Las instituciones firmantes, preocupadas por la vigencia del estado de derecho y la defensa de los derechos humanos, consideramos que es indispensable adoptar de manera urgente reformas institucionales que garanticen y resguarden, más allá de la voluntad de los funcionarios y los avatares políticos, la autonomía de la defensa pública yel acceso igualitario a la justicia penal en la Provincia.
Las recientes resoluciones del Sr. Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, que ponen en crisis la autonomía funcional y económica del Servicio de Defensa Pública, tornan necesario plantear una reforma de la ley del Ministerio Público (nº 12.061) que garantice la autonomía de la Defensa Oficial.
El Procurador Generalresolvió[1] quitarle al Sr. Defensor ante el Tribunal de Casación Penal las facultades de superintendencia de la Defensa Pública y derogar todas las resoluciones dictadas por éste en ejercicio de esas facultades.
Asimismo el Procurador General dispuso[2] que el Sr. Defensor ante el Tribunal de Casación Penal deberá adecuar la planta funcional de la dependencia a su cargo a esa restricción defunciones ordenada, lo cual implica reducir sustancialmente su estructura.
Mediante el fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa, se garantiza un adecuado acceso a la justicia de sectores carenciados, corrigiéndose las asimetrías estructurales que existen entre los contendientes del proceso penal, procurándose que entre quienes vehiculizan la pretensión punitiva estatal y quienes tienen eldeber de inhibir aquella pretensión actúen en un plano de verdadera igualdad de posiciones; atendiendo de este modo los principios propios del sistema republicano de gobierno y del modelo acusatorio de enjuiciamiento penal.
Acceso a la justicia y derecho de defensa en juicio
La inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 CN) constituye una garantía fundamental para losciudadanos pues sólo a través de ella se podrán ejercitar en el marco de un proceso todas las demás garantías que la Constitución establece.
Como todas las garantías constitucionales, la defensa en juicio se erige como una limitación al poder del Estado, en tanto su objeto es proteger al individuo sometido a una persecución penal del eventual uso arbitrario de esa facultad estatal. En un Estado deDerecho, sólo resulta válido enjuiciar y penar a ciudadanos, en tanto estos tengan una verdadera oportunidad de controvertir la imputación que los agentes oficiales sostengan en su perjuicio.
La igualdad y autonomía de las partes en el proceso penal exige que tanto la labor de recopilar evidencia incriminatoria como la tarea de refutar dicha evidencia tengan potencialmente la misma eficacia. Esta“paridad de armas” entre acusación y defensa es lo que asegura que el proceso penal se mantenga en un verdadero ámbito de “juego limpio”.
Es evidente que la igualdad de posiciones entre quien acusa y quien soporta la persecución penal debe necesariamente superar el plano de lo formal y no agotarse en una mera paridad de atribuciones procesales. Ello requiere que se garantice, en el desarrollo dela tarea técnica de la defensa, la actuación de un abogado que sea idóneo y que tenga medios suficientes e independencia garantizada para cumplir su misión (“concesión al inculpado... de medios adecuados para la preparación de su defensa...” art. 8.2. CADH, art. 14.3.b. PIDCP).
En este sentido, el Estado debe proveer una adecuada asistencia jurídica a quienes resulten perseguidos por elsistema penal, en tanto ello constituye un mecanismo que tiende –en alguna medida– a revertir la tendencia selectiva de la persecución penal hacia aquellos individuos pertenecientes a los grupos socialmente más vulnerables.
Diversas son las herramientas que la defensa puede articular en pos de cumplir la tarea normativamente encomendada. Es así como la defensoría de casación penal de la Provincia...
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