Las comunidades campesinas

La política liberal sobre las comunidades campesinas en el Perú. Problemas y efectos.
Para las posiciones liberales (tanto en lo económico como en lo jurídico) la protección de la propiedad de la tierra de indigenas y campesinos (comunidades campesinas o tribales) configura una situación que dificulta las transacciones económicas y evita en lo fundamental la constitución plena de relacionesmercantiles en el campo y particularmente de un mercado dinámico de tierras. Jurídicamente además resultaría que el campesino, por este status de protección del patrimonio comunal no podría desarrollar ningún tipo de transacción o acto de disposición respecto de las tierras, lo cual equivale a reducirlo a una situación de incapacidad para contratar a este respecto.
El proceso de implementación de unaeconomía liberal a partir del actual régimen político, desde 1990, ha dispuesto mecanismos de privatización global de la economía que se extienden al medio rural. En lo fundamental la apertura de la economía a las importaciones extranjeras en general y a las de alimentos en particular ha significado el desplazamiento y baja general de precios de los productos agrícolas internos. Así de acuerdo algráfico siguiente la pérdida de capacidad de compra de los productos agrícolas solo de julio de 1991 a octubre de 1992 bajó en un 40%.
Tanto la apertura indiscriminada de la economía como el ajuste antiinflacionario han ocasionado esta pérdida para el sector agrario, en donde los campesinos, sin mayores capacidades de presión en los mercados y víctimas del intermediario mayorista son los mayoresperjudicados. Igualmente el desarrollo de la política liberal como consecuencia de la misma situación de precios ha encarecido los insumos necesarios para el ciclo agropecuario, así como el transporte de los productos, paralelamente a que se han eliminado todas las formas de crédito promocional al sector agrario y se ha desmontado hasta el mínimo todo el aparato estatal destinado a investigación,promoción, registro y administración al respecto. El Ministerio de Agricultura, en un país como el nuestro en donde la necesidad de potencializar la agricultura y en donde la obra estatal es totalmente necesaria, ha sido reducido a un ente meramente normativo y de coordinación de la iniciativa privada.
Haciendo una síntesis de la reforma liberal, con respecto al agro pueden señalarse algunosrasgos característicos. Mientras estuvo vigente el régimen de la Constitución de 1979 los recursos naturales fueron patrimonio exclusivo de la Nación y pertenecían al Estado; a partir de 1993 éstos pueden otorgarse a particulares en título para su uso sin mayores restricciones. Se ha impuesto un régimen económico en donde las prioridades de desarrollo no existen y, más aún, las posibilidades deplanificación han desaparecido en provecho de la creencia en las ventajas del mercado como asignador exclusivo de recursos, lo que desemboca en el abandono de la prioridad otorgada anteriormente al sector agrario. La conducción directa de la propiedad agraria ha sido eliminada como requisito, con lo cual se posibilita -y en esto la desprotección de las tierras comunales cumple un papel clave- elacaparamiento de tierras, la propiedad agraria de terceros no productores y la apropiación especulativa de las mejores tierras por intereses exclusivamente financieros. Se ha excluido, por principio de la ortodoxia neoliberal, cualquier intervención del Estado en la fijación de precios, con lo cual la idea de que la actividad agropecuaria esté orientada a la satisfacción de las necesidades alimenticiasde la población ha sido eliminada en provecho del desarrollo de la ganancia como objetivo principal de la explotación agrícola. Después de una etapa de reforma agraria que eliminó y prohibió el latifundio, el DL.653 tolera el latifundio y se alienta el mercado de tierras con el objetivo planteado de eliminar el minifundio. Se ha eliminado el seguro y el crédito agrario bajo auspicio estatal...