Ley 30

En los objetivos y la necesidad de reformar la Ley 30 de 1992 que regula el servicio público de educación superior, no hay mucha divergencia. Hay acuerdo en la conveniencia de aumentar la cobertura yla calidad de la educación en la necesidad de integrarla a un mundo cada vez más interdependiente, en los beneficios de la rendición de cuentas y la visibilidad de los indicadores que deben difundirlas instituciones de educación superior (I.E.S.). Las diferencias surgen en los objetivos para lograrlos.
Las universidades pertenecientes a Ascun plantean la necesidad de contar con una leyestatutaria que regule el derecho a la educación superior y delimite los ámbitos constitucionales de la autonomía universitaria y la inspección y vigilancia. Para el Ejecutivo, sólo regularse el servicio y noel derecho a la educación superior. Las universidades consideran que debe separarse, en la ley, la educación profesional universitaria de las otras I.E.S., la técnica, tecnológica y la educación parael trabajo, la no formal, etc. Hay razones históricas y constitucionales que así lo indican. La autonomía es inherente al concepto de universidad y ésta precede a la noción Estado-Nación en ochosiglos. La autonomía permite la libertad de cátedra, de investigación, de crítica, de proponer concepciones de la sociedad y del Estado que puedan superar las ideas de los gobiernos. Los primerosmovimientos en defensa de la autonomía surgen hace casi 900 años, cuando los monarcas quisieron intervenir para que las universidades sólo enseñaran “lo que requieran las cortes”, hoy, de tiempo en tiempo, seescucha que deben concentrarse en “lo que requiere el sector productivo”.
El derecho de inspección y vigilancia no puede vulnerar la autonomía.
La iniciativa gubernamental tiene instrumentospositivos para estimular la cobertura. Un ejemplo es el subsidio a la demanda a través del crédito educativo, con intereses reales negativos, dirigido a los estudiantes de los sectores más vulnerables...